El gobierno municipal sólo logra aprobar el 6,25% de las normas que anuncia

«De las 16 iniciativas previstas en el Plan Anual Normativo (PAN) se ha aprobado definitivamente, por Pleno, una». Esta frase no corresponde a reproche alguno de cualquier grupo de la oposición sino que figura en las conclusiones que la Dirección General de Coordinación del Ayuntamiento ha elevado a la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes para la aprobación del informe de evaluación del PAN de 2025.

El Plan Anual Normativo es un documento que se aprueba cada año en el que cada delegación municipal expone y razona aquello que va a realizar al año siguiente en el plano normativo. Es un compromiso de transparencia en el que expresa su compromiso de nueva redacción o de modificación de las ordenanzas, estatutos o reglamentos que son de su competencia.

Como se explica en el mismo expediente, la finalidad del Plan «persigue, no sólo incrementar la calidad técnica de las normas y simplificar el ordenamiento jurídico, sino también potenciar su eficacia y eficiencia mediante el uso de métodos de evaluación durante su elaboración».

Así pues, el resultado de la evaluación del trabajo realizado por el gobierno municipal en 2025 no es muy positivo. Este balance recoge que sólo uno de los 16 procesos anunciados ha llegado a su final, que es la aprobación definitiva por el Pleno. En principio se anunciaron 14 normas para aprobar el pasado año, con posterioridad se añadieron dos más, y a 31 de diciembre, además de la aprobada, hay sólo cinco con la tramitación iniciada, de las que tres están en fase de elaboración y dos en proceso de modificación. De las diez restantes no se cuenta siquiera con el texto redactado para iniciar los trabajos.

«Un procedimiento complejo»

En el mismo informe figura que las explicaciones dadas sobre este resultado por las delegaciones que se comprometieron a elaborar estas normativas es «la complejidad del procedimiento a seguir, ante la necesidad de que se emitan informes por los distintos órganos colegiados implicados y los plazos de cada trámite».

Curiosamente, la única aprobada en plazo es la ordenanza que regula el precio que Emacsa cobra por el agua. Si no se hubiese aprobado seguirían vigentes las tarifas de 2024. Otras, se encuentran en trámite, como es el caso de la conocida como ordenanza de veladores que, aunque inicialmente prevista para 2025, se acaba de incluir en el PAN de 2026. También está en trámite el reglamento que regulará el registro de demandantes de vivienda protegida y la ordenanza que regulará la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los enterramientos, que ya no será mediante tasa como hasta ahora. También se tramiten en la actualidad el reglamento de la Casa de la Solidaridad y del Consejo Local de la Infancia y Adolescencia.

Las que están pendientes

El organismo municipal que se lleva la palma por el mayor número de normas anunciadas y no ejecutadas es la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU). De las ocho ordenanzas comprometidas para 2025 sólo se han movido papeles para la de los veladores; de las otras siete, según la evaluación presentada a la Junta de Gobierno Local, no se ha hecho nada.

Entre estas se encuentran los estatutos de la propia Gerencia de Urbanismo, que esperan una adaptación a la Ley de Autonomía Local de Andalucía de 2010, o la adaptación a la LISTA de la ordenanza que regula la prestación económica por el uso y aprovechamiento de caracter excepcional del suelo no urbanizable o aquella que regula los procedimientos de otorgamientos de licencias y autorizaciones urbanísticas, así como la presentación de las declaraciones responsables y comunicaciones previas.

También está paralizada la modificación de la ordenanza de los mercados minoristas de abastos por la «necesidad de incorporar las modificaciones aprobadas por el Pleno así como de la actualización de la norma a la realidad», como se argumentó desde la Delegación de Comercio.

La Delegación de Infraestucturas, por su parte, tampoco ha acometido la redacción de la ordenanza de vertidos, fundamental para "la adaptación a la nueva normativa de carácter técnico-medioambiental vigente.