La congelación del PFEA por parte del Gobierno deja sin actualizar más de 350.000 peonadas en Córdoba

La parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la actualización del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) está repercutiendo a miles de trabajadores del régimen agrario en Córdoba. Así lo han denunciado este martes la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, que han cifrado en 350.000 las peonadas afectadas por la congelación de fondos estatales desde el ejercicio presupuestario 2022-2023. A pesar del esfuerzo conjunto de ambas administraciones, que este año vuelven a inyectar 13,6 millones de euros en materiales (10,2 la Junta y 3,4 la Diputación), la falta de respuesta del Ejecutivo central amenaza con lastrar la eficacia del plan.

La secretaria general de Administración Local de la Junta, María Luisa Ceballos, y el vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, han coincidido en señalar que el Ejecutivo central no solo lleva tres años sin revisar los importes del PFEA, sino que tampoco ha tramitado el nuevo borrador del Real Decreto que debería adaptar este instrumento a la realidad actual. «Hay borradores desde 2018, algunos actualizados en 2021 o 2022, pero el Gobierno no ha hecho nada. Es desgobierno absoluto», lamentó Ceballos.

Esa inacción se traduce en pérdidas concretas. Según los cálculos de la Junta, la congelación supone haber dejado de invertir al menos 2,5 millones de euros en los últimos años solo por no aplicar un incremento mínimo del 5%, equivalente al IPC acumulado. Esa diferencia obliga a los ayuntamientos a reducir el alcance de sus obras o a rebajar la calidad de los materiales. «El proyecto es uno, pero como natural, es menos extenso, es menos costoso o con materiales de menor calidad para adecuarlo a las cantidades que tenemos en este momento», resumió gráficamente Lorite.

Además del impacto directo sobre las peonadas y el empleo eventual, la Junta advierte de una sobrecarga presupuestaria involuntaria: según la normativa vigente, cada subida estatal obliga a la comunidad y a la Diputación a cofinanciar proporcionalmente el 45% destinado a materiales. Sin embargo, con el importe estatal congelado, son las administraciones andaluza y provincial las que están cubriendo en solitario ese desfase, mientras en otras regiones como Extremadura ni siquiera existe implicación económica por parte de las diputaciones.

A esto se suma otro problema: el desajuste entre las actuales campañas agrícolas, condicionadas además por la meteorología, y las rigideces del plan. «Hace falta más flexibilidad en los plazos de ejecución y justificación, y que los proyectos puedan ser también de servicios, no solo de obras», reclamó Ceballos. La secretaria general también pidió que se incluyan gastos no contemplados en 1997 (cuando el antiguo PER pasa a ser PFEA), como los relacionados con prevención de riesgos laborales o autorizaciones de Cultura y Medio Ambiente.

Desde Córdoba, Lorite instó al Gobierno a aprobar un Real Decreto Ley urgente que permita actualizar los fondos «como ya hace con las pensiones o con otros temas de gran calado». «No pedimos nada extraordinario, solo que no se condene al campo andaluz a seguir trabajando con recursos de hace tres años, mientras la inflación sigue encareciendo todo», concluyó.