La decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana - organismo dependiente del Gobierno de España- de emitir un informe contrario al proyecto de conexión hidráulica entre La Colada y Sierra Boyera ha generado un conflicto institucional que trasciende lo técnico y se ha adentrado inconvenientemente en el terreno de lo político. Así lo denunció el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, quien no escatimó en calificativos al tachar de «incomprensible», «inaudito» y «profundamente equivocada» la postura del Ejecutivo central.
No es una obra cualquiera. Se trata de una infraestructura vital para el abastecimiento de 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, una zona históricamente castigada por la sequía y por la desidia institucional. El proyecto no es improvisado. Lleva 16 años en cartera, ha sido tramitado con luz y taquígrafos, sometido a exposición pública, y cuenta con los informes ambientales favorables del órgano competente: la propia Junta de Andalucía. Más aún, ha sido trabajado durante años en coordinación -como recuerda la administración autonómica- con las confederaciones hidrográficas implicadas.
La negativa, por tanto, sorprende por su inoportunidad y por la falta de explicación técnica coherente. Si, como se afirma, durante todo el proceso hubo intercambios formales, reuniones y comunicaciones entre administraciones, resulta difícil entender que la Confederación del Guadiana se descuelgue con un informe que parece ignorar toda esa interlocución previa. Máxime cuando los propios técnicos de la Confederación, según consta en correos citados por los responsables andaluces, habrían avalado la viabilidad del proyecto.
El Gobierno andaluz insiste en que no hay duplicidad, sino consolidación y mejora de la obra de emergencia que ya se ejecutó para salir al paso de una situación crítica. El proyecto de la Junta plantea un abastecimiento más robusto, sostenible y seguro, con múltiples tomas para garantizar la calidad del agua, suministro eléctrico permanente y mayor caudal, todo ello costeado con cargo al canon del agua ya recaudado. Cuestionar ahora su viabilidad medioambiental, técnica o económica no parece tener otro sustento que el político.
El agua no puede ser arma arrojadiza ni castigo. Es un derecho básico que no entiende de siglas ni de competencias enfrentadas. La ciudadanía no merece ser rehén de los juegos de poder entre administraciones. Por eso, cabe exigir responsabilidad, transparencia y sentido común. Si existen motivos reales para frenar esta infraestructura, deben explicarse con datos, no con silencios o virajes injustificados. Y si no existen, lo procedente es rectificar cuanto antes.
Porque el norte de Córdoba no puede esperar más. Y porque cuando falta el agua, sobra la política.
