Cuentos chinos

Una de las tácticas más queridas por los tramposos consiste en esparcir porquerías por doquier para evitar asumir las propias responsabilidades. A veces lo hacen con mentiras muy elaboradas y detallistas para encubrir una falsedad ingeniosa, como si se tratara de un clásico cuento chino. El que fuera alcalde socialista de Madrid, Juan Barranco, decía con toda razón que «el poder solo corrompe a los corruptos, hace golfos a los que son golfos e inmorales a los que ya lo eran antes». Desde el primer momento el sanchismo ha acreditado lo acertado de ese juicio, de modo que los que eran golfos y corruptos no perdieron ni un solo día en poner en práctica su ausencia de moral, mientras los españoles estaban confinados por una pandemia mortal.

Ya Einstein advertía de que «los malvados y deshonestos intentan hacerse con el poder para evitar que el peso de la ley caiga sobre ellos». Eso es algo que estamos comprobando con la resistencia de Pedro Sánchez a dar explicaciones coherentes sobre todas las ilegalidades que envuelven a tantos personajes de su entorno. Con numerosos socialistas y cargos institucionales investigados, Sánchez se enquista en el poder, no da explicaciones, no dimite nadie, incumple obligaciones constitucionales y prostituye la democracia, mientras la legión de incondicionales repite como loros las consignas expandidas por los «61 periodistas» de las cloacas sanchistas, embarrando el terreno de juego.

El triste espectáculo de la bancada socialista, en la sesión de investidura de Juanma Moreno, asemejó el Parlamento Andaluz al esperpento de una díscola reunión de vecinos mal encarados. Que hable de fraude una candidata como María Jesús Montero, que tiene las manos chamuscadas por defender a tres peones de su confianza y a 25 cargos de un organismo dependiente de ella, hoy imputados por graves delitos, es una ofensa a la inteligencia por parte de la que aspiraba a ser como Zapatero.

Si es un fraude alterar la voluntad del legislador, tal como está ocurriendo con la llamada «ley de nietos», cuyo objetivo era dar la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes, por causa de la guerra civil, se hubieran exiliado por razones políticas, ideológicas, de credo o de orientación sexual. Sin embargo, una instrucción administrativa para su desarrollo, denunciada por prevaricación administrativa, eludió que había que demostrar el exilio por las razones indicadas, bastando con que simplemente fueran descendientes de padres o abuelos anteriormente españoles.

Como es habitual, la máquina del fango se puso en marcha en cuanto la ciudadanía se percató de esa generalización y conoció que se daban instrucciones para elegir la provincia donde debían censarse, que un maniobrero especialista como Paco Salazar estaba en Argentina entregado a controlar y buscar nietos, y que se contrataban empresas con la misma finalidad en distintos países de Hispanoamérica, otorgando la nacionalidad a quienes sus ascendientes habían emigrado medio siglo antes de la guerra civil, y cuya vinculación y compromiso con España era totalmente nula.

Incrementar el censo electoral con no residentes que ni tienen arraigo en el país ni están vinculados por un contrato laboral, es una temeridad tal que, países de profundas convicciones democráticas, como Dinamarca o Alemania, entre otros, solo reconocen el derecho al sufragio a los nacionales que residan en el propio Estado. Lo correcto en España, en casos de doble nacionalidad como los que nos ocupan, sería conceder el derecho de voto sólo en el país en que se reside.

Como el sanchismo se ha convertido en una pocilga, el penúltimo escándalo ha sido la investigación a la directora de la Guardia Civil y al DAO de la misma por posible obstrucción a la Justicia y prevaricación continuada, abusando de la potestad disciplinaria como forma de intimidación institucional para frenar la investigación de delitos por parte de la policía judicial. Una institución como la Guardia Civil no merece estar dirigida por mandos que se doblegan ante la presión de los corruptos.

Cuando se asiste a la degeneración institucional que Sánchez ha llevado al país, es necesario un rearme moral de la sociedad que no se deje confundir con el barro esparcido por esa legión de cacatúas bien pagadas por los tentáculos del poder. Es lo que ocurre con esa reacción al reciente pacto de gobierno en Andalucía: todos los expertos en movilizaciones de masas se han lanzado a predicar la pérdida de la moderación por parte de Juanma Moreno por haber pactado con Vox, al tiempo que consideran normal y moderado pactar con los de Bildu acuerdos que aún se mantienen secretos, después de jurar hasta en veinte ocasiones que no pactaría.

Sánchez ha puesto todo su empeño en enfrentar a unos españoles con otros, razón por la que resulta difícil mantener la moderación cuando te colocan al otro lado del muro frente a una legión de energúmenos que te insultan sin recato. Y pese a ello, hay que saber dominarse y templar el ánimo ante quienes, con indecencia y falta de escrúpulos, se están incrustando en las instituciones del Estado con un talante excluyente. Huir de la polarización es tan necesario como entender que el riesgo actual no es gobernar con Vox sino que siga gobernando Pedro Sánchez.

El último cuento chino es esa ingeniosa mutación práctica de nuestro sistema parlamentario en un sistema presidencialista, con un presidente inamovible para cuatro años que no responde ante el Parlamento ni cumple la obligación de presentar presupuestos anuales. Ante tal mutación fáctica del régimen español, quien fue presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz Villalón, ha defendido en El País la posibilidad de exigir responsabilidades penales, en base al artículo 102 de la Constitución, por el reiterado incumplimiento presidencial de obligaciones constitucionales. Es importante que, desde el rigor intelectual y la independencia de criterio, haya pronunciamientos claros porque, ante los autoritarios, el país no puede quedarse indefenso.