La economía necesita elecciones

Hay variables económicas que aparecen cada trimestre en las estadísticas: el PIB, el empleo, la inflación o el déficit. Y hay otras que, aun siendo menos visibles, resultan decisivas para explicar el crecimiento de un país. La confianza es una de ellas. Sin confianza no hay inversión; sin inversión no aumenta la productividad; y sin productividad no existe crecimiento sostenible ni empleo de calidad.

Por eso resultan especialmente relevantes las recientes advertencias realizadas desde la CEOE. La patronal ha alertado de que los casos de corrupción están deteriorando la imagen de España y dificultando la llegada de inversiones. No se trata únicamente de un problema reputacional. Cuando los inversores perciben inseguridad institucional o incertidumbre política, muchos proyectos simplemente dejan de realizarse o buscan otros destinos donde el entorno resulte más predecible.

La inversión no se mueve únicamente por el coste laboral o por la fiscalidad. También exige estabilidad institucional, seguridad jurídica y reglas del juego claras. Son activos que tardan años en construirse y que pueden deteriorarse con enorme rapidez cuando la calidad institucional se resiente.

España ha conseguido durante décadas consolidarse como un destino atractivo para la inversión internacional gracias a la pertenencia a la Unión Europea, a un marco jurídico estable y a unas instituciones homologables a las de las principales democracias occidentales. Ese capital institucional constituye uno de nuestros principales activos económicos. Precisamente por ello, resulta especialmente preocupante cualquier circunstancia que pueda erosionarlo.

La corrupción tiene un coste económico mucho mayor del que habitualmente reflejan los procedimientos judiciales. No sólo supone un eventual uso indebido de recursos públicos. Introduce incertidumbre, distorsiona la competencia, deteriora la imagen internacional del país y aumenta la percepción de riesgo entre quienes deben decidir dónde localizar una nueva inversión.

Las empresas toman sus decisiones en horizontes de diez o veinte años

Las empresas no invierten para unos meses. Sus decisiones se toman pensando en horizontes de diez o veinte años. Antes de comprometer cientos de millones de euros necesitan confiar en que las instituciones funcionan, que los contratos se respetan y que las decisiones públicas responden al interés general y no a intereses particulares.

Por eso la confianza constituye un auténtico activo económico. Cuando se deteriora, las consecuencias no siempre aparecen de forma inmediata en las estadísticas, pero terminan manifestándose en menores flujos de inversión, menor creación de empresas, menor innovación y menor crecimiento potencial.

La CEOE ha insistido precisamente en esa idea al reclamar estabilidad institucional y política como condición imprescindible para que empresas e inversores continúen confiando en España. No es una reivindicación partidista. Es una exigencia económica. Ningún país puede aspirar a atraer capital si transmite incertidumbre permanente sobre el funcionamiento de sus instituciones.

Esta cuestión adquiere todavía mayor importancia en un momento en que la economía española necesita incrementar la inversión privada para compensar el agotamiento progresivo del impulso extraordinario de los fondos europeos y afrontar retos como la digitalización, la transición energética, el envejecimiento demográfico o el aumento de la productividad.

El coste de la desconfianza

España no puede permitirse que proyectos empresariales decidan instalarse en otros países por una pérdida de confianza institucional. Cada inversión que no llega supone menos actividad, menos innovación y menos oportunidades de empleo para miles de trabajadores. El coste de la desconfianza nunca aparece concentrado en una sola cifra; se distribuye silenciosamente en decisiones empresariales que dejan de adoptarse.

Recuperar esa confianza exige, en primer lugar, reforzar la calidad institucional. Significa garantizar la plena independencia de los órganos de control, respetar el funcionamiento del Estado de derecho y ofrecer un marco regulatorio estable y predecible. Son condiciones imprescindibles para cualquier economía desarrollada.

También exige recuperar la estabilidad política. Cuando una parte significativa de los agentes económicos percibe que la incertidumbre institucional comienza a afectar a las decisiones de inversión, prolongar esa situación solo incrementa los costes para el conjunto de la economía.

En una democracia parlamentaria, la forma más sólida de restaurar la confianza cuando se produce una crisis política de gran alcance consiste en devolver la palabra a los ciudadanos. La legitimidad democrática no sólo sirve para formar gobiernos; también constituye un elemento esencial de certidumbre institucional. Un Gobierno respaldado por un nuevo mandato parlamentario dispone de mayor capacidad para impulsar las reformas que el país necesita y ofrecer un horizonte de estabilidad a medio plazo.

Por ello, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales aparecen hoy como la vía más adecuada para abrir una nueva etapa política que permita recuperar la confianza de ciudadanos, empresas e inversores. No se trata únicamente de resolver una crisis política. Se trata de proteger uno de los principales activos económicos de España: la credibilidad de sus instituciones.

Porque la economía necesita algo más que indicadores coyunturales. Necesita instituciones fuertes, seguridad jurídica y confianza. Sin ellas, la inversión se frena, el crecimiento pierde dinamismo y el empleo termina resintiéndose. Recuperar esa confianza constituye hoy una prioridad económica de primer orden y exige abrir una nueva etapa política capaz de devolver estabilidad, certidumbre y credibilidad a España.