Durante años, España ha carecido de una verdadera cultura de emergencias. No hemos sido un pueblo golpeado por grandes catástrofes ni por una guerra mundial, algo que sin duda ha marcado a otros países europeos o a Estados Unidos, cuya extensión y variedad geográfica dan para tornados, huracanes e inundaciones de toda índole. La Guerra Fría tampoco supuso una etapa que sirviera para que esa cultura preventiva —ante un ataque nuclear, sobre todo— se colara en los usos y costumbres de los españoles, como veíamos en aquellos informativos televisados en los que a los niños de otras latitudes se les enseñaba a interrumpir la clase y acudir ordenadamente al refugio más próximo con una pastilla de yodo en la mochila proporcionada previamente por la maestra.
Pero, paralelamente a esa desidia española, los servicios de emergencias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sí se han formado y profesionalizado aún más en ese aspecto. Nuestra sociedad ha crecido y cambiado. Del accidente de los Alfaques al de Adamuz hay un recorrido crudo y trágico, pero mucho más efectivo en la materia. Los diversos atentados terroristas —muchos de ellos ahora arrinconados por el Gobierno hacia un olvido oficial— también contribuyeron a pulir y perfeccionar la respuesta ante la tragedia inesperada.
Hay que mirar a la reciente dana de Valencia como un extraño y lamentable punto de inflexión en todo ese progreso, y no porque los servicios de emergencias no hicieran su trabajo, sino porque el Estado y sus administraciones colapsaron. Por primera vez, los españoles, ahora más formados en técnicas de RCP y medidas de supervivencia, comprobaban que la gran catástrofe era el andamiaje político de una España hecha jirones por la corrupción y la inoperancia. La reciente tragedia ferroviaria en Córdoba ha confirmado ese colapso, con unas infraestructuras carcomidas por el saqueo institucional.
Es en las catástrofes donde afloran las carencias, y no solo las de las infraestructuras o las organizativas. En Córdoba,por ejemplo, llueve sobre mojado en los desalojos. Se nos ha recordado como referencia el 2010 y las crecidas de aquel año, cuando hubo que rescatar a unos vecinos que no debían estar ahí, ya que sus viviendas estaban construidas sobre terreno rústico e inundable, próximo al curso natural del río. El problema en 2026 es que siguen en el mismo sitio. Y son más. Ninguna administración ni partido político ha tomado cartas en ese asunto, un agravio para los vecinos que sí adquieren y pagan impuestos por una vivienda legal y que, además, deben ser de nuevo solidarios con todo el dispositivo y los recursos que las administraciones destinan al desalojo y la protección de quienes han tirado de picaresca, vacíos legales y, sobre todo, han gozado de la vista gorda de quienes sí vigilan —y de qué manera— al resto de contribuyentes.
El temporal nos está permitiendo comprobar cómo en Andalucía las emergencias han progresado, se han profesionalizado y responden con previsión y eficacia. Pero también estos excesos atmosféricos desnudan una realidad que permanece casi oculta en tiempos de bonanza: muchos no hicieron su trabajo cuando debían. Toda la parafernalia está muy bien, pero ya no sirve para despistar sobre lo verdaderamente catastrófico.
