La doble cara

Que junto a un pueblo solidario y con principios hay personajes indecentes es tan cierto como lo demuestran los episodios de pillaje y robos padecidos por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz: carteras vacías, abrigos rajados para extraer objetos de valor y desaparición sistemática de teléfonos móviles, cargadores y relojes inteligentes incrementaron el sufrimiento causado a los familiares de las víctimas por grupos de delincuentes que desvalijaron los restos de los vagones.

Una vez más se ponía de manifiesto que, junto a una España solidaria y ejemplar que se entregó con las víctimas sin límites de medios ni de tiempo, hay una porción del pueblo que siempre se ha aprovechado de las desgracias para obtener ventaja. Ocurre igual con quienes trampean con las medidas sociales que buscan paliar las dificultades para encontrar empleo o las que subvencionan situaciones de extrema necesidad. Esas medidas de ayuda a los más necesitados son de indudable justicia y ensalzan los principios humanitarios de cualquier gobierno que se precie. El problema se produce cuando esas medidas sociales se convierten en una comedia de trampeo y pillaje del dinero público.

También en el otro extremo, en el de las ayudas a emprendedores y empresas, se trampea, a veces sin decoro, tal como en Andalucía ocurrió con el escándalo de los ERES falsos. En uno y en otro caso, lo grave no son los hechos en sí; la gravedad se acentúa cuando, por activa o por pasiva, el trampeo se produce con la aquiescencia, cuando no con el impulso y la complicidad, del propio Gobierno.

Por desgracia, si la picaresca de una clase política está obsesionada con la permanencia en el poder a cualquier precio, episodios de falsa protección social convertidos en negocio para el pillaje suelen ser frecuentes o, aún peor, suelen tener esa finalidad desde su propia puesta en marcha. Basta con observar detenidamente las numerosas subvenciones y ayudas que ofrece el sanchismo para percatarse de que su finalidad, más que avanzar con decisión en una justicia social de hondas raíces, están inspiradas en la compra de voluntades a corto plazo.

La obsesión frentista y divisiva del Gobierno de Sánchez es una constante en todos sus actos. La comparecencia del presidente, revestida de cierta agradable sorpresa, en la sede del Ministerio de Trabajo para anunciar la subida del salario mínimo interprofesional confirmó, una vez más, que el teatro y el postureo son marcas de la casa. Sin discutir la legitimidad y la justicia social que dicha revisión entrañe, más que eso al Gobierno lo que le interesaba era aparecer como justiciero, de ahí la admonición de Sánchez conminando a que los empresarios «paguen más», palabras innecesarias si no fuera porque de lo que se trata es de confrontar y dividir.

La subida del SMI a quienes afecta realmente es a las pequeñas empresas y a los autónomos, de ahí que estaba de más referirse a las grandes empresas que cotizan en Bolsa, a las que el SMI prácticamente no les afecta. Es la demagogia barata de quien ha subido las subvenciones a los sindicatos, de 9 millones de euros en 2018 a 32 millones en 2025, cuyo nivel de afiliación no para de bajar, reducido hoy al 12 % del total de trabajadores. O sea, más dinero a repartir para menos afiliados, un negocio redondo. Ya se lo agradecerán cuando llegue la hora de mover la calle contra la perversa derecha, que de eso se trata.

Cuando los pequeños negocios, sobre todo de la hostelería, la agricultura y el comercio, que son a quienes más afecta la subida del salario mínimo, se vean obligados a subir los precios para poder subsistir, los falsos protectores sociales exclamaran ante la dificultad de hacer frente a la cesta de la compra. Es la demagogia de un Gobierno que solo sabe actuar enfrentando y dividiendo.

Referirse a los empresarios, con los que, desde 2020, no se cuenta para consensuar el salario mínimo, es una doble cara propia de trileros. Es el doble juego, la hipocresía de ese populismo que habla del pueblo y de los barrios, pero que, en cuanto puede, se compra un chalet y se olvida del barrio. La misma hipocresía o doble cara de perseguir de palabra las agresiones sexuales y taparlas en la práctica. La doble cara de llamarse feminista y defender el burka. Es la hipocresía de suscribir alianzas con los enemigos del Estado que se ha jurado proteger. El doble rasero, en fin, de quienes traicionan su propia palabra.

Gobernar de forma autoritaria es confirmar, como dijo Emile Girardin, que quien exagera su propia fuerza descubre su propia debilidad. Cuando los siervos no tienen más principios que obedecer a su amo, los hechos desautorizan a las palabras y desaparece la moral de la vida pública. Y la falta de moral siempre acaba en corrupción: ese será el triste legado del sanchismo.