Palafreneros de la indignidad

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Esa es la transcripción literal del artículo 2º del texto constitucional que fue respaldado en 1978 mediante referéndum de todos los españoles, con el apoyo del 90,5 % de los catalanes. Y el artículo 138 obliga al Estado a garantizar la solidaridad sin que puedan establecerse privilegios económicos para ninguna autonomia.

El presidente del Gobierno, primer obligado a cumplir con el orden constitucional, ha recibido en su sede oficial, para suscribir un pacto de financiación autonómica contrario al principio de solidaridad, a un condenado por intentar un golpe de Estado contra la patria común de todos los españoles que, además y pese a que se le indultaron las penas de cárcel, está inhabilitado hasta el año 2031 para ocupar cargo público y ha sido privado de los derechos de sufragio activo y pasivo hasta esa fecha. Recibir oficialmente a un sedicioso que además se pavonea de dar cuenta de lo pactado fuera de la sede oficial porque no quería hacerlo con la bandera española como testigo, es una ofensa gratuita a la dignidad nacional.

Cualquiera que sea el final de este pacto ominoso, la voluntad de burlar a la legalidad y a la decencia pública resulta evidente. Solo los cretinos o los mangantes se tragarán el cuento sobre la generalidad de los beneficios que pretende el pacto. Basta con leer la prensa de esos días, con especial interés en la catalana, para percatarnos de que se trata una vez más de aquella tremenda decepción de Azaña, no con los catalanes sino con los separatistas catalanes que sólo quieren, según sus palabras, «dinero y más dinero».

Aceptar la ordinalidad es tomarse a chacota la Constitución y la solidaridad que la misma consagra. Es dar más a los que más tienen, en perjuicio de los menos pudientes, consagrando la brecha entre ricos y pobres. La ordinalidad es una ordinariez, un atropello y una desvergüenza. Es darle más a los más ricos para que sigan siendo más ricos y condenar a los más pobres a que lo sigan siendo sin remedio. Y además solo se aplica a Cataluña, según la vicepresidenta Montero, que presume de marginar a Madrid que es la que más aporta. O sea, un privilegio más como reconoce el mismo Junqueras, al dar cuenta del pacto a su consejo político de ERC, resaltando las ventajas para Cataluña que, por ejemplo, percibiría por el IVA un 22 % mas que las restantes comunidades del sistema común.

Los expertos que han analizado los resultados del pacto por habitante para cada autonomía concluyen que el nuevo pacto daría a un catalán un 182 % más que a un extremeño, un 25 % más que a un aragonés o un 3,2 % mas que a un andaluz, por mucho que Marisu Montero se empeñe en la milonga de que ganamos todos, porque unos ganan mas que otros y es mentira que haya condonación de deuda sino una asunción por el Estado de la misma, principalmente catalana, que hemos de pagar todos los españoles.

El origen de todo ello reside en querer tapar el agujero provocado por una nefasta gestión del dinero público en Cataluña, cuyas primeras víctimas han sido los propios catalanes. De ser la primera región en PIB y en renta per capita ha sido rebasada por Madrid, donde no hay ningún impuesto autonómico mientras Cataluña está a la cabeza de la presión fiscal, con 15 impuestos propios de la Generalitat. Una vez más se acredita que la riqueza la genera la iniciativa privada y no el intervencionismo y la burocracia de las administraciones.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado miércoles, todas las comunidades autónomas, menos Cataluña, rechazaron el modelo unilateral negociado con Junqueras que no tiene más finalidad que saldar la cuenta deficitaria de la Generalitat con el Estado, por una parte, y darle más ingresos en adelante con mayor participación en impuestos estatales. La médica no ejerciente que hoy gestiona el dinero de todos, con sus entendederas habituales en la materia, sacó su chistera indicando que pueden incorporarse al mismo las demás autonomías, ocultando que el caramelo que se les ofrece es quitarle una pequeña porción de la condonación de deuda (que pagaremos todos) cuyo bocado más grande es el correspondiente a Cataluña.

Cuando se ata la supervivencia política a los facinerosos de toda laya, los responsables no son estos sino quienes lo facilitan y apoyan. Si la izquierda española sigue entregándose a la voracidad de los favorecidos sería la prueba más evidente de lo falsaria que es su conducta y de que su progresismo solo se refiere al de su propia cartera. Tragarse la indignidad de premiar a los más insolidarios, permite a los palafreneros seguir gozando de las mieles del poder, desde un ministerio hasta una alcaldía, una concejalía, un medio oficial, un organismo o algún enchufe de los miles de chiringuitos que tanto gustan a los progres de diseño.

Los que se extrañan del crecimiento de posturas antagónicas ante tanta desvergüenza debieran preguntarse si la causa no es su conducta, ese papel de meros figurantes, con una actitud servil ante el déspota Sánchez, mientras ignoran los verdaderos problemas de una ciudadanía harta de tanta doctrina igualitaria y dogmática que no se aplican a sí mismos, confirmando las palabras de Napoleón cuando afirmaba que en un sistema político nada va bien si las palabras contradicen a los hechos. La continúa caída de la izquierda en el respaldo popular acredita que, antes o después, los palafreneros habrán de rendir cuentas a una sociedad moral y económicamente esquilmada sin compasión por una falsa progresía al servicio de un autócrata.