Nunca tan exprimidos, nunca tan mal servidos
Es difícil imaginar una forma más estúpida o peligrosa de tomar decisiones que poner esas decisiones en manos de personas que no pagan ningún precio por equivocarse”.
Ríos de tinta llenan infinidad de titulares, artículos y columnas en multitud de medios de comunicación, esbozando las diferentes inquietudes y problemáticas que atraviesa la economía española en la actualidad. Asombrosamente, muchos de ellos aciertan de lleno en el diagnóstico; sin embargo, para sorpresa de nadie, fallan estrepitosamente en la solución.
La economía española atraviesa una coyuntura en la que los vientos de cola internacionales cada vez nos ayudan menos y en la que, además, los desequilibrios internos se hacen cada vez más insostenibles; pero, sobre todo, una coyuntura en la que gran parte de la ciudadanía siente que contribuye como nunca y que los servicios que recibe como contraprestación dejan bastante que desear.
Nunca en la historia de nuestro país el Estado había gestionado tantos ingresos como lo hace hoy y, aun así, los servicios que ofrece despiertan en la sociedad, en general, un profundo descontento que hace que se empiece a cuestionar, aunque sea tímidamente, el papel del Estado y su intervención en la economía. ¿Hay que limitar la intervención del Estado en algunos sectores de la economía? ¿Hay que minimizar el Estado? ¿Necesitamos un Estado tan grande y costoso para vivir en sociedad?
Todas estas preguntas afloraron tras los desastres de la pandemia, el famoso apagón o el desastre de la DANA, donde toda la ciudadanía observó que la ayuda privada y desinteresada llegaba antes y era más eficiente que la del propio Estado. Y eso que una de las funciones principales que cualquier persona defiende del propio poder estatal es precisamente esa: dar cobertura ante desastres y eventos naturales imprevistos para que no vivamos en «la jungla», como se suele decir. Pero ¿y si la vida con el Estado es más jungla que sin él? ¿Lo han pensado alguna vez?
Sistema de pensiones quebrado, legislación laboral rígida e ineficaz, tejido empresarial estancado y desincentivado a crecer, fiscalidad totalmente extractiva, salarios estancados desde 1994, crecimiento económico dopado por la inmigración y el gasto público, líderes de paro y paro juvenil en Europa… Y así podría seguir enumerando cientos de aspectos que hacen de nuestra economía una economía poco productiva y muy poco competitiva frente a nuestros competidores a nivel europeo y global. Con todo esto, cada vez son más las personas que se hacen las preguntas adecuadas y que, por fin, están llegando al fondo del asunto, al centro del problema, que no es otro que el enorme poder que concentra el Estado para no resolver los problemas sociales de la ciudadanía.
Desde el año 2000 hasta hoy, el peso del Estado en la economía ha pasado de representar el 38% del PIB en el año 2000 (647.569 millones de euros) al 48% del PIB en 2025 (1.685.783 millones de euros). Tras la aclaración anterior, y sabiendo que el Estado ha crecido de forma superlativa en los últimos 25 años, cabe preguntarse: ¿es España un lugar mejor para vivir, invertir, emprender, formarse o comprar una vivienda que hace 25 años? La respuesta, creo, es clara, ¿verdad? Sin embargo, si la pregunta fuese si España es un lugar mejor para trabajar para el Estado y jubilarse que hace 25 años, la respuesta sería aún más clara. Con esas preguntas y respuestas, saquen ustedes sus propias conclusiones.
