Aunque en esta Semana Santa tampoco nos hemos librado de las habituales cortinas de humo que tanto necesita el régimen sanchista para perpetuarse en el poder («Perded toda esperanza» se está convirtiendo más en una realidad que en la antesala del infierno de La Divina Comedia), la actualidad trajo, comunicada por nota de prensa y en Martes Santo, la enésima negativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al proyecto que la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba han presentado para la optimización y gestión de las aguas de La Colada, con el objetivo de solucionar un problema enquistado desde 2009 y que ha afectado a una numerosa población del norte de la provincia, especialmente tras la última sequía.
No entraremos aquí en el periplo administrativo sufrido desde 2023, cuando las administraciones autonómica y provincial, gobernadas por el PP, trataron de dar solución a un problema que también ellos, cuando gobernaron desde Madrid, dejaron en el cajón de los asuntos no prioritarios. La dicha siempre es buena aunque llegue tarde. Baste resumir que el organismo estatal de cuenca ha supuesto un constante muro, con argumentos que han sobrepasado sus competencias, con el silencio administrativo como soberbio desdén y con contradicciones en las valoraciones últimas (un proyecto «óptimo», pero no recomendable) que obligan a Diputación y Junta a recurrir por la vía judicial y, por tanto, a demorar aún más un asunto capital, ya que el agua es un bien indiscutible que debería ser ajeno a las diatribas políticas.
Porque, en efecto, esto es claramente un asunto político, como señaló el presidente provincial Salvador Fuentes esta semana, dejando atrás de manera definitiva lo que hasta el momento habían sido declaraciones mantenidas en el marco de la institucionalidad y la actitud contenida.
De todas maneras, lo peor no es que la gestión vital del agua se convierta en arma de un partido (PSOE) contra otro (PP), sino que eso sea defendido incluso por quienes han padecido los rigores de la reciente sequía, como plataformas de vecinos que se erigen en ingenieros hidráulicos sobrevenidos o en proteccionistas de la (escasa) población de nutrias, o que cuenten con el silencio cómplice de alcaldes que anteponen la doctrina política al interés de sus conciudadanos. Tal es el nivel de vileza al que se ha llegado en esta España que tan progresista y moderna tratan algunos de dibujar. Una vileza que acaban pagando los contribuyentes: «gente que tan solo pide vivir su vida, sin más mentiras y en paz», como reza aquella mítica canción de una época en la que de verdad pensamos que eso sería factible.
