Otra vez la matraca
«El problema de sacralizar lo público erigiéndose como su defensor acérrimo es que, tal como demuestra la historia, suele terminar en una apropiación de lo privado para goce exclusivo de los gestores de lo público»
Cuando alguien carece de argumentos sólidos o de capacidad para discernir suele recurrir a eslóganes sugerentes, pero vacíos de contenido. Los periodos electorales son caldo de cultivo para que los vendedores de humo coloquen mensajes simples pero que consideran atractivos. Y lo hacen con pesadez, insistentemente, como dirigiéndose a una legión de ignorantes a los que seducir machaconamente con una cantinela sugerente. Es la matraca de los mensajes electorales.
La izquierda, cada una desde sus propias pretensiones pero todas con el mismo trasfondo, han tomado como banderín de enganche «lo público», o sea, lo de todos. Y como a sí mismos se consideran los mejores administradores del interés general, ya que la derecha, según ellos, es egoísta por definición, están convencidos de que los ciudadanos van a depositar en la izquierda esa gestión de «lo público».
El problema es que en Andalucía todavía hay memoria de como administró la izquierda «lo público» durante cerca de cuarenta años. El escándalo de los ERE fue el culmen de un trayecto recorrido bajo la dirección del PSOE, con el apoyo en alguna legislatura de una Izquierda Unida hoy olvidadiza. Una radiografía actualizada de aquella época rememora episodios que solo fueron posibles por la confusión de lo público con las apetencias de poder de los gobernantes y, como consecuencia de ello, la institucionalización de la corrupción: con apariencia de legalidad y simulando principios justicieros de vocación social, las autoridades convivieron con los pícaros y tunantes para mantener el poder y salvaguardar los múltiples intereses creados. Y toda la sociedad percibió el tufo putrefacto de modo que, al final, solo se trataba de «trincar en el reparto de lo público» mediante su corrupción.
Aquel sistema, que hoy parecen querer recuperar las distintas izquierdas, y que algunos practican con sus competencias municipales, tenía un trasfondo de injusticia. Porque se trataba de repartir «paguitas» pero era una «paguita» irregular, insuficiente para el que de verdad la necesitaba, pero suficiente para que a los pícaros les permitiera otra fuente de ingresos en la economía sumergida o en su propia actividad. Y ahí surgieron los jubilados en empresas que ni los conocían, los adjudicatarios en concursos donde no participaron, los pensionistas por invalidez trabajando en negro, los perceptores del subsidio agrario observando la contratación de inmigrantes para la recolección y muchos empleadores aprovechando las oportunidades que generan tales corruptelas.
Dos negociados fundamentales para la debida gestión de lo público son Sanidad y Hacienda. Ambas fueron servidas por la hoy candidata socialista cuando formaba parte del ejecutivo andaluz. Su gestión de la sanidad fue tan ejemplar que culminó con manifestaciones masivas, dirigidas por el médico Jesús Candel, alias Spiriman, a raíz de la fusión de dos hospitales en Granada, en línea con una política sanitaria que expulsaba médicos, cerraba hospitales públicos, concertaba con los privados y ocultaba listas de espera. Y en materia económica, como responsable del dinero público, las reivindicaciones al Gobierno de Rajoy se esfumaron en cuanto la hoy candidata asumió la cartera de Hacienda con Sánchez, entregándose a satisfacer las apetencias insolidarias del separatismo catalán.
Ahora, a nivel nacional, tras ocho años de sanchismo, vamos conociendo en los juzgados como la Administración era utilizada como patrimonio privado para hacer negocios, repartiéndose lo público incluso para pagar prostitutas. La realidad está demostrando que resulta difícil presumir de lo público cuando se ha traicionado al feminismo, las infraestructuras son un desastre, el poder sirve para hacer negocios y la corrupción no es una anécdota sino una norma de conducta hasta el extremo de destinar fondos europeos de transformación estructural al pago deficitario de pensiones.
El problema de sacralizar lo público erigiéndose como su defensor acérrimo es que, tal como demuestra la historia, suele terminar en una apropiación de lo privado para goce exclusivo de los gestores de lo público. Se empieza limitando derechos a los propietarios, imponiéndole gravámenes de todo tipo, y se termina disfrutando en exclusiva de los barrios elitistas, como Atabey en Cuba, y malviviendo los súbditos sin luz ni servicios básicos como ocurre en la isla caribeña. En Cuba, como en tantos otros paraísos, la experiencia demuestra que, con el pretexto de lo público, algunos conquistaron el poder para enriquecerse.
La matraca de lo público implica a menudo una verborrea teórica y una opacidad práctica en la gestión del interés general. Considerándose a sí mismos como sus verdaderos defensores, la izquierda suele caer en la tentación práctica de convertir su gestión en una bula para disponer discrecionalmente del dinero público. De ahí su afán por gobernar sin presupuestos y lejos de cualquier mecanismo de control.
