La crisis matrimonial en Córdoba supera a la de España

Un reciente informe del Instituto de Política Familiar (IPF) analizado posteriormente por el Instituto de Política Social (IPSE), ofrecía datos incontestables sobre la aguda crisis matrimonial que asuela España. El descenso de matrimonios desde 1975 se cifra en el 35'4%, lo que se podría comparar en cierto modo a una «pérdida» de 95.983 matrimonios anuales en todo el país. En Córdoba tuvieron lugar en ese mismo año 4.731 matrimonios según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por su parte, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, señala -en el último año analizado por completo, 2024, que la provincia contó con 2.983 matrimonios. Esto quiere decir que en Córdoba ha caído más que en el total español, un 37%. Sólo se incluye aquí cifras de matrimonios tradicionales hombre y mujer. A esto hay que añadir que las estadísticas señalan que en el último año analizado se alcanzaron en la provincia 1.358 divorcios y 86 separaciones. Si se extrapolasen las cifras con las correspondientes precauciones, el resultado sería que la mitad de matrimonios se rompen. El IPSE especifica: los divorcios y separaciones se han disparado un 175,8% en las últimas décadas.

Continuando con las estadísticas, la tasa de divorcio ha aumentado en Córdoba en muy poco tiempo, pasando del 1'21 en 2005 al 1'76 en la actualidad. A nivel nacional, la tasa de nupcialidad ha descendido drásticamente, pasando del 7,18 en 1976 al 3,57 en 2024.El delegado de Familia y Vida de las Diócesis de Córdoba, José María Pérez Rosa, sitúa este problema en un contexto general «en el que se ha expulsado a Dios de la sociedad, y creo que la palabra es esa: expulsar». La entidad que preside es el instrumento que tiene el Obispo para encauzar la pastoral familiar, principalmente dedicada a la formación de matrimonios.

Pérez Rosa recuerda que «el matrimonio no es un compromiso, sino una alianza que hacemos con Dios gracias a un sacramento». A partir de ahí indica que, en esta materia, «creemos que el alma también tiene algo que decir, ya que en nuestra sociedad parece que es el cuerpo el único que tiene derecho a decidir». El delegado de Familia y Vida indica que, desde la diócesis, «se fomentan la fe y la vida en familia, cosas que hoy día parecen irreales, pero que son viables con la gracia de Dios, es más, cuando muchos matrimonios descubren este valor, cambian en un cien por cien, y no solamente ellos, sino la familia». En este punto, Pérez Rosa especifica en que, como la sociedad actual ataca a la familia, tiene en el ataque al matrimonio uno de los puntos más importantes de esta particular guerra. «La sociedad actual nos ha metido en el egoísmo, en el yo, y si no te va bien con alguien, te dice «déjalo», «abandona»... ¿y los hijos?, ¿alguien piensa en los niños?».

Por su parte, el IPSE subraya que esta crisis familiar está íntimamente ligada la crisis demográfica. La inestabilidad, la falta de políticas de conciliación real entre la vida laboral y familiar, sumadas al impacto del aborto, configuran lo que el esta entidad define como «una sociedad envejecida, sin niños, con hogares solitarios y con familias cada vez más frágiles». «No se puede pedir a los ciudadanos que formen familias mientras se les niegan las condiciones básicas, tanto laborales como económicas, para hacerlo», denuncia su presidente de Política Social, Pablo Hertfelder García-Conde.

Problema de Estado

En este sentido, , ha sido tajante al valorar los resultados del análisis del informe: «España está perdiendo su estructura social básica. Sin matrimonios sólidos, sin familias estables y sin hijos, no hay futuro posible. La ruptura familiar no es un problema privado, es un problema de Estado, y lo que estamos viendo es la degradación progresiva de nuestro modelo social».

Hertfelder ha lanzado una severa advertencia a la clase política: «Una sociedad sin hijos es una sociedad condenada a desaparecer. Hoy España camina peligrosamente en esa dirección, y si no se actúa ya, las consecuencias serán irreversibles».

El Instituto de Política Social (IPSE) ha presentado un ambicioso paquete de medidas con el objetivo de revertir lo que define como un «colapso demográfico» en España. La propuesta parte de una reforma estructural del marco legal vigente, especialmente en materia de aborto, planteando su derogación y la construcción de un nuevo sistema jurídico centrado en la protección del no nacido. Entre las iniciativas destacan el reconocimiento del concebido como sujeto de derecho, la eliminación del aborto como derecho subjetivo y el refuerzo de la objeción de conciencia médica, junto a mayores mecanismos de control y transparencia.

En paralelo, el plan se centra en la maternidad como eje clave de la política social. El IPSE propone un sistema integral de apoyo que incluye ayudas económicas desde el inicio del embarazo, protección laboral reforzada y medidas contra la discriminación de mujeres embarazadas. Además, plantea redes de acompañamiento psicológico y social, con el objetivo de eliminar el miedo a la maternidad y evitar que las mujeres deban elegir entre su desarrollo profesional y tener hijos.

La estrategia también contempla un amplio conjunto de incentivos para fomentar la natalidad, como beneficios fiscales, cheques bebé, ampliación de permisos parentales y políticas de conciliación. Estas medidas buscan revertir la baja tasa de nacimientos en España, una de las más reducidas de Europa, mediante el fortalecimiento de las condiciones económicas y laborales de las familias.

Más allá del ámbito legislativo y económico, el IPSE subraya la necesidad de un cambio cultural. Propone campañas institucionales, reformas educativas y una mayor promoción de la adopción para consolidar lo que denomina una «cultura de la vida». Este enfoque se complementa con políticas de protección del menor desde la gestación, incluyendo seguimiento de embarazos en riesgo, redes de acogida y un refuerzo de los sistemas de adopción.

En el ámbito sanitario,eliminar incentivos al aborto y reforzar la formación ética de los profesionales. Asimismo, plantea una mayor atención a embarazos vulnerables y auditorías en los servicios relacionados con la interrupción del embarazo. Finalmente, el plan trasciende el ámbito nacional con una estrategia internacional coordinada a través de redes y alianzas globales.