La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de apertura del curso de la universidades
Comunidad de Madrid
Ayuso aprobará una ley universitaria regional para combatir la «pésima» normativa del Gobierno de Sánchez
El Gobierno autonómico tiene previsto tramitar su ley antes de finales de este año
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en la imagen más visible de la lucha contra las políticas de Pedro Sánchez. La líder del Ejecutivo regional ha presentado este martes la nueva Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid con la que pretende combatir la LOSU (Ley orgánica del sistema universitario) del Gobierno central.
Ayuso ha apuntado que existe un «reto» importante por parte de su equipo para elaborar esta nueva ley que se tramitará para llevarla a la Asamblea de Madrid a finales de este año. El objetivo, según ha señalado la presidenta, es «defender la libertad, promover la excelencia docente e investigadora y paliar las deficiencias y el lastre de la pésima normativa estatal».
La presidenta ha acudido este martes al solemne acto de apertura del año académico celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde ha aprovechado para explicar que la legislación nacional plantea, «entre otros problemas, un tremendo impacto económico». Concretamente, ha hecho mención al cálculo llevado a cabo por las propias universidades que reflejan un sobrecoste de más de 100 millones de euros. Todo ello, ha criticado Ayuso, «sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, respaldo financiero o memoria económica que lo facilite».
La dirigente autonómica ha destacado que su nueva ley incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos que sea plurianual y revisable, para transferirles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades, «que invierta en saber y en talento pero que, además, no deje de impulsar la Universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social económico y productivo». De esta manera pretende crear un sistema más homogéneo, de contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios.
Ayuso cree que, «lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad», lo que hace la ley nacional es «allanar el camino a la politización de los campus» y, con tal fin, se elimina el requisito de ser catedrático para poder optar al cargo y se premia con créditos la pertenencia a cualquier asociación. «Y como muestra de los preocupantes tiempos que vivimos, se erosiona gravemente la imprescindible neutralidad ideológica de los claustros», ha añadido.
La ley que su Gobierno plantea abordará cuestiones como la nueva normativa de contratación del personal laboral y se está trabajando en una comisión para «velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a satisfacer las necesidades docentes».
Por otra parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades seguirá velando por garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios superiores. Así, duplicará la partida destinada a becas socioeconómicas, que pasará de 3 a 6 millones de euros, y se continuará mejorando los procesos de tramitación y ejecución de las de discapacidad. Además, va a favorecer la presencia internacional, incrementando la cuantía de las ayudas de movilidad Erasmus Plus.
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