La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en el Senado
El Gobierno no ceja en su obsesión con el hermano de Ayuso: Montero pregunta al PP si va a pedir la dimisión de la presidenta
Desde que se ha destapado el caso de corrupción, la izquierda ha adoptado esta estrategia para paliar la polémica
«No hay indicios de delito»: así se archivó dos veces el caso del hermano de Ayuso que el PSOE se empeña en resucitar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acudido este martes al Senado donde ha tenido que responder a las preguntas del Partido Popular por el caso de corrupción del PSOE. Según las investigaciones, su ministerio era conocedor desde 2022 de las irregularidades de esta trama liderada por el exasesor de José Luis Ábalos.
Montero se ha referido a la bancada popular haciendo alusión al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el tema de las mascarillas. Desde que se destapó el caso de corrupción del PSOE, la izquierda está utilizando esta estrategia para tratar de desviar la atención.
«Señora Alicia García (PP), ¿conocía usted la trama de la perla negra que se está justamente investigando en su comunidad autónoma?. Usted pertenecía a ese Gobierno, ¿va a presentar usted la dimisión?», preguntaba la vicepresidenta primera del Gobierno.
En este sentido, añadía si «iba a pedir la dimisión a la señora Ayuso después de que su hermano se enriqueció en el peor momento de la pandemia. ¿Van a pedir la dimisión del señor Almeida después de que su primo también protagonizó un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid?».
La Justicia no ha visto indicios de delito
El asunto de las mascarillas en la Comunidad de Madrid ha quedado archivado dos veces al no haber indicios de delito. El 23 de junio de 2022 la Fiscalía Anticorrupción acordó el archivo de la denuncia que habían interpuesto los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid de PSOE, Más Madrid y Podemos sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso.
El decreto del archivo, que firmó el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, concluyó que no existían «indicios de la comisión de infracciones penales».
Las pesquisas practicadas, iniciadas en febrero de ese mismo año, no pusieron de relieve «elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el Servicio Madrileño de Salud o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet».
Además, de acuerdo con esa investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, tampoco constaba que el hermano de la presidenta «aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte y de acuerdo con el procedimiento seguido por la Subdirección General de Contratación, no era en absoluto necesario para presentar la oferta».
Tras el archivo de la Fiscalía Anticorrupción llegó el archivo de la Fiscalía Europea el 14 de marzo de 2023. La EPPO, por sus siglas en inglés, archivó el caso tras una «exhaustiva investigación» tras la que no quedó acreditado que el precio abonado fuera desproporcionado «atendiendo a la calidad del material ofertado y entregado».
Según explicó la Fiscalía para dar cuenta de este archivo, tras asumir la investigación de este contrato adjudicado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad de Madrid para la compra de 250.000 mascarillas, los fiscales europeos tomaron diversas declaraciones, analizaron documentación y comprobaron la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas.
Tanto la Agencia Tributaria como el SERMAS y la Asociación Española de Certificación (AENOR) colaboraron con los investigadores que les requirieron información que fue analizada por un perito, quien también tuvo acceso a informes de la Guardia Civil.
La Fiscalía Europea también concluyó que no quedó acreditado que el precio hubiera sufrido un incremento «indebido derivado de la intervención personas ajenas a la empresa» y ratificó que quedó acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid.
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