Los abogados del turno de oficio de Madrid recibirán 385 euros si logran un acuerdo que evite llegar a juicio

la Comunidad de Madrid ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la región (BOCM) la nueva orden relativa a la remuneración de los abogados del turno de oficio. Se trata de una orden derivada de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia o Ley Bolaños, que establece como requisito previo obligatorio la utilización de medios adecuados de solución de controversias antes de iniciar cualquier procedimiento judicial civil.

De esta forma, los abogados del turno de oficio de Madrid, en la jurisdicción civil, que realicen un actuación letrada en requisito previo de procedibilidad en la que logren que las partes lleguen a un acuerdo que evite llegar a juicio recibirán una subvención de 385 euros, mientras que los que no consigan el acuerdo entre las partes y, por tanto, se requiera continuar hacia la vía judicial, percibirán 200 euros.

Una medida que aplauden desde el ICAM, cuyo Decano, Eugenio Ribón, ha subrayado que «se trata de un paso decisivo para dignificar el trabajo de los abogados del turno de oficio y reconocer adecuadamente su labor esencial en la defensa de los derechos ciudadanos, especialmente ante las nuevas exigencias introducidas por la LO 1/2025».

Para Ribón, esta Orden supone «una adaptación necesaria del sistema de justicia gratuita a la nueva realidad legal, permitiendo afrontar con garantías los desafíos derivados de la obligatoriedad de acudir a medios alternativos antes de litigar».

Cabe destacar que esta medida responde a una reivindicación histórica del ICAM para garantizar que todos los profesionales del turno de oficio reciban una justa contraprestación por todas las actuaciones llevadas a cabo en defensa de los intereses de la ciudadanía, especialmente en aquellas fases del procedimiento en las que previamente no existía remuneración específica.

Con todo, hay aspectos de la Ley Bolaños que preocupan a los abogados madrileños. Según Juan Manuel Mayllo, Diputado responsable de Turno de Oficio del ICAM, «el legislador, en lugar de aprovechar esta oportunidad para mejorar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ha introducido requisitos previos que pueden dificultar el acceso a la justicia». Además, esgrime, «aunque se contempla la asistencia gratuita del abogado en estos procedimientos previos, no se incluye el coste del mediador o conciliador, gastos que deberán ser asumidos por el justiciable, lo que podría limitar el acceso efectivo a estos medios alternativos».

En este sentido, el ICAM insiste en la «necesidad urgente de desarrollar mecanismos públicos accesibles y gratuitos para garantizar una verdadera solución de controversias efectiva y sin cargas adicionales para las personas beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita».

Por su parte, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentaron ayer un requerimiento previo al Gobierno central instándole a «cumplir con sus obligaciones legales» respecto a esta ley el cual, «de no ser atendido, llevará a formular el oportuno recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo». El Ejecutivo autonómico ha cifrado en 43 millones de euros el coste que la aplicación de esta nueva legislación tendrá para las arcas públicas madrileñas, mientras que no reciben ningún tipo de financiación del estado.

Con todo, y a pesar de la apertura de ese frente judicial, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, avanzó este lunes la publicación de ese nuevo baremo en materia de conciliación y mediación, fijado con los Colegios de abogados. «Madrid es una Administración que cumple la ley a pesar de los agravios del Gobierno central», afirmó.