455 días de un caso que ha sacudido la política madrileña y que sentará en el banquillo al fiscal general

El 12 de marzo de 2024 marcó el inicio público de un caso con el que la izquierda se las prometía muy felices, pero que terminó por dar un giro y volverse contra sus supuestos impulsores. Ese fue el día en el que se publicó por primera vez que la Fiscalía de Madrid había denunciado por fraude fiscal a un tal Alberto González Amador, en ese momento un nombre perfectamente desconocido para la gran mayoría de la población, pero que resultó ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que se ha convertido a día de hoy en el asunto por antonomasia de la política madrileña.

Comenzó entonces una batalla encarnizada contra la dirigente autonómica a costa de los asuntos fiscales de su novio, con los que ni ella ni su Gobierno tienen absolutamente nada que ver. 455 días han pasado ya de esa primera información y mucho ha llovido y ocurrido desde entonces.

Durante todo este tiempo, Ayuso ha repetido hasta la saciedad que este caso es una «operación de Estado» urdida desde el Palacio de la Moncloa para tratar de acabar con su carrera política, utilizando la situación con Hacienda de un particular con el que mantiene una relación. Una acusación que este lunes quedaba un pasito más cerca de confirmarse, después de que el Supremo haya procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por revelar el contenido de un e-mail reservado y confidencial de González Amador en el marco de ese caso. Una revelación que habría hecho siguiendo las «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», según consta en el auto en el que el juez Ángel Hurtado les manda a juicio.

El juez entiende que el correo cuya filtración atribuye a García Ortiz contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad» que fue, posteriormente, divulgada sin «la autorización» de dicho particular.

Por otra parte, la jueza que investiga a González Amador también decidió hace pocos días procesarle por fraude fiscal y falsificación. Una circunstancia que, constantemente, reprochan desde la izquierda a Ayuso, como si algo tuviera que ver con su faceta política o de gestión, o como si eso fuera equiparable al hecho insólito de que un fiscal general del Estado vaya a sentarse en el banquillo por revelar datos personales de un particular con el que mantiene un noviazgo la que se ha convertido en némesis del presidente del Gobierno.

Un procesamiento que puede traer consigo la paradoja de que García Ortiz pueda mandar al fiscal que le acuse en el juicio, que no lo haga, puesto que los fiscales tienen dependencia orgánica respecto sus superiores. Por ello, desde el Gobierno madrileño exigen su inmediata dimisión, aunque este ya ha avanzado que no pretende irse y mantiene que es inocente.

Así las cosas, Ayuso sigue sorteando el vendaval y viendo como se va estrechando el cerco sobre el fiscal general del Estado, sin cuya necesaria colaboración, Pedro Sánchez no habría podido montar esa «operación de Estado» que, denuncia, hay en marcha contra ella.

Sin embargo, no corrió igual suerte el exlíder el PSOE en Madrid, Juan Lobato, una de las grandes víctimas colaterales de toda esta maniobra, quien acabo dimitiendo asfixiado por la presión de su partido después de trascender que había llevado ante notario una conversación en la que Pilar Sánchez-Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, en ese momento, jefe de Gabinete a su vez de Sánchez, le hizo llegar documentación confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Una dimisión que trajo consigo el aterrizaje forzoso del propio Óscar López a la política madrileña en calidad oficial de secretario general del PSOE-M y extraoficial de azote del sanchismo en la región a su presidenta.