Los vecinos de un edificio de Barajas estallan por un edificio okupa cerca de la UCO: «Ha aumentado la peligrosidad»

Los vecinos del distrito madrileño de Barajas han estallado tras la okupación de un antiguo de oficinas donde viven más de 40 personas de forma ilegal, situado a apenas 70 metros de la sede de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tal y como informa el diario El Mundo, las personas de la calle Trespaderne han cambiado sus rutinas para no pasar por la citada vía.

Aunque algunos de los ocupantes son familias con hijos que no generan conflictos, los vecinos denuncian que un número importante de residentes sí resulta problemático. Entre ellos se encuentran personas que ya fueron desalojadas del aeropuerto de Barajas y otras que pasaron anteriormente por el conocido «Hotel Okupa» de San Blas, del que fueron expulsadas por su actitud violenta. La Asociación de Vecinos del Barrio del Aeropuerto reclama una actuación inmediata de las autoridades, al considerar que la situación se ha vuelto insostenible.

Fuentes municipales señalan que tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional mantienen presencia en la zona, pero los residentes creen que el despliegue no basta para frenar los incidentes. Por ello, han creado un grupo de WhatsApp que ya reúne a más de 200 personas, donde informan y documentan los problemas que sufren a diario.

Los habitantes insisten en que la solución pasa por una intervención del propietario del inmueble: «Que lo cierre, lo derribe o tome cualquier medida, pero que haga algo», reclaman.

No obstante, la intervención municipal se complica porque el edificio es de propiedad privada. Pertenece a dos hermanos y, en el pasado, albergó un almacén de juguetes y oficinas. Tras dos décadas vacío, fue ocupado el año pasado y transformado en viviendas precarias, sin suministro legal de agua ni electricidad, aunque los residentes improvisaron enganches clandestinos.

Santiago Liébana, que posee el 63 % del edificio, explica que estuvo alquilado durante más de veinte años y que los desacuerdos familiares impidieron su venta. «La denuncia por ocupación se presentó en abril, cuando Urbanismo realizó una inspección acompañada de la policía», detalla. Añade que han pedido la declaración de ruina del inmueble para poder actuar, ya que rehabilitarlo costaría más de la mitad de su valor tasado. Su intención es demolerlo y vender el terreno para que pueda tener un uso seguro y legal.

Lo que más le llama la atención a Liébana es la ubicación: «Está a apenas 30 metros de la UCO y a unos 70 de la comisaría más grande de Policía Local. Incluso la propia UCO quiso alquilarlo en su día, pero ahora lleva años en ruinas y ocupado». Durante este tiempo, afirma, se han sustraído aires acondicionados, ventanas y tabiques, lo que ha dejado el edificio en condiciones deplorables. «Hay niños viviendo allí —advierte—. Servicios Sociales debería intervenir para sacarlos de ese riesgo».