El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín
Madrid revisa 90 expedientes de los inmigrantes repartidos por Sánchez y exige que se garantice la certificación de edad
El Ejecutivo regional sospecha que cerca de 12 podrían tener más de 18 años, como ya sucedió con el acusado de violar a una menor en el distrito de Hortaleza, que tenía 23 años
El Gobierno de Ayuso ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que garantice la certificación de edad de los menores inmigrantes que llegan a España y son repartidos por las diferentes autonomías, destinando a ello los medios que hagan falta.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García Martín, reclamaba al Gobierno central «poner freno al caos migratorio» tomando las riendas de sus competencias en cuanto a la gestión y control de flujos migratorios. Desde Villamanta arremetía contra Sánchez por permitir que «los mayores de edad se cuelen como falsos menores y acaben siendo repartidos entre las comunidades autónomas».
El portavoz del Ejecutivo regional afirmaba que se están revisando al menos 90 expedientes de supuestos menas que el Gobierno de Sánchez pretende introducir en Madrid. Asimismo, la Comunidad sospecha que cerca de 12 podrían tener más de 18 años, como ya sucedió con el acusado de violar a una menor en el distrito de Hortaleza, que tenía 23 años.
La «improvisación» migratoria de Sánchez
García Martín aseveraba que es la «obligación» del Gobierno de España la de «garantizar que los traslados de menores se realizan con todas las garantías legales y con la documentación correcta», apostillando que Madrid «ya está proporcionando medios a la Fiscalía para que pueda actuar con diligencia» ante esta situación.
El Gobierno de Ayuso defiende una migración «ordenada y vinculada al empleo» que logre integrar a los que acuden a España «con un proyecto de vida y de trabajo», en lugar del modelo de «improvisación» de Sánchez, que deja «el peso de la atención a las comunidades autónomas».
«Debe ejercer sus competencias y poner freno a este caos migratorio, en el que miles de personas son empujadas por las mafias a situaciones insostenibles, mientras son las comunidades las que tienen que asumir después la carga de su atención», sentenciaba.
