El Gobierno de Ayuso aclara la subvención al Colegio de Abogados de Madrid y exige a RTVE su rectificación

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha remitido una carta al director de Mañaneros (TVE) en la que reclama la «rectificación inmediata» de una información emitida sobre el abono de una subvención al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). En el escrito, el consejero afirma actuar «en ejercicio del derecho de rectificación que me otorga la Ley Orgánica 2/1984», un matiz que subraya el carácter formal y legal de la protesta.

El primero de los reproches del Gobierno regional es la vinculación que el programa habría hecho entre los pagos del turno de oficio y «la denuncia, juicio y condena al fiscal general del Estado».

García Martín califica esta asociación como «incorrecta» y «tendenciosa», señalando que los fondos citados no responden a ninguna circunstancia extraordinaria, sino a obligaciones constitucionales. En la carta, insiste en que «la Comunidad de Madrid cumple la obligación legal reflejada en el artículo 119 de la Constitución del derecho a la asistencia jurídica gratuita».

El consejero recuerda que la ley que desarrolla este mandato establece que son las comunidades autónomas quienes deben financiar el servicio, mientras que corresponde a los colegios profesionales organizarlo y prestarlo.

En este sentido, aclara que el sistema funciona de este modo «desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia», precisando que antes de esa fecha «el abono lo realizaba el propio Ministerio de Justicia», que todavía mantiene una asignación de más de 48 millones de euros para los territorios de su competencia.

A renglón seguido, García Martín detalla el alcance social del servicio, subrayando que garantiza «la tutela judicial efectiva a casi 70.000 madrileños en situación de vulnerabilidad» y que permite retribuir la asistencia que prestan «más de 4.500 profesionales del ICAM».

A partir de ahí, critica con dureza lo emitido por TVE, asegurando que cualquier intento de relacionar el abono del turno de oficio con otras circunstancias responde «a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos».

A su juicio, esa vinculación busca también «intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid» y, además, «tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley».

La carta dedica también un bloque amplio a la situación del centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Sobre este punto, el consejero afirma que su tramitación «se inició en 2023 y ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente».

Añade que la propuesta cuenta con «todos los informes favorables» y que «el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le ha concedido ya el código de centro necesario» para que pueda impartir enseñanzas superiores como centro adscrito a la UCM. Estas precisiones buscan, según fuentes regionales, desmontar cualquier insinuación sobre irregularidades o trato de favor.

El texto concluye con una exigencia y es que García Martín reclama «la inmediata rectificación de la información publicada por su medio de comunicación por tendenciosa y por no ajustarse a la verdad». Además, advierte que la Comunidad de Madrid se reserva «el derecho a emprender las acciones que pudieran correspondernos en defensa de la institución de la Comunidad de Madrid».