El Colegio de Abogados de Madrid: la condena al fiscal general supone que nadie está por encima de la ley

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha afirmado este jueves que la condena al fiscal general del Estado significa que nadie está por encima de la ley y que refuerza la confianza en el sistema de justicia, y ha asegurado que este caso «no pone en tela de juicio a la Fiscalía como institución», sino que condena «una actuación concreta excepcional».

En un comunicado, el Colegio de la Abogacía de Madrid -que ha ejercido la acusación popular en el juicio contra el fiscal, Álvaro García Ortiz- ha destacado que desde el inicio de este procedimiento estaba convencido de que existían indicios suficientemente sólidos que justificaban la apertura de juicio oral.

Tras mostrar su respeto a la condena dictada por el Tribunal Supremo, Ribón asegura que la resolución confirma la relevancia jurídica de los hechos denunciados y pone de manifiesto que nadie está por encima de la ley.

«Que hoy un fiscal general, en ejercicio, haya sido condenado penalmente evidencia que la ley se aplica a todos por igual y que nuestras instituciones democráticas cuentan con mecanismos eficaces para hacer valer la responsabilidad jurídica, incluso en los niveles más altos del poder público. Esto refuerza y no debilita la confianza en el sistema de justicia», señala.

Además, asegura que este caso «no pone en tela de juicio a la Fiscalía como institución, ni afecta en absoluto a la excelente profesionalidad de quienes la integran».

«Se ha condenado una actuación concreta excepcional que en nada empaña el trabajo riguroso y comprometido de los cientos de fiscales con los que los abogados compartimos a diario la labor jurisdiccional», indica Ribón, que destaca que la relación institucional con el Ministerio Fiscal debe seguir siendo fluida, leal y constructiva.

A juicio del ICAM, este fallo refuerza la protección de los principios esenciales del Estado de derecho, como la inviolabilidad del derecho de defensa, el respeto al secreto profesional y la lealtad procesal.

Cuando estos pilares se ven afectados -advierte- se pone en riesgo no solo un caso particular, sino el equilibrio del modelo de justicia garantista que ampara a toda la ciudadanía.