La exconcejal de Móstoles se querella contra el alcalde por presunto acoso sexual y laboral

La exconcejal del Ayuntamiento de Móstoles Ana Mate se ha querellado contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra el Partido Popular nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Ha sido el abogado de la antigua edil el encargado de formalizar la querella ante el Tribunal de Instancia de Móstoles, casi dos semanas después de que el diario El País destapara el caso provocando un terremoto político, tanto en la localidad como en toda la Comunidad de Madrid.

El caso llega a los tribunales después de que Mate lo denunciara internamente y la formación decidiera archivar el caso por falta de pruebas. De hecho, el Partido Popular ha defendido en todo momento su actuación y, de momento, el alcalde ha descartado su dimisión porque, aseguró, el relato de la ahora denunciante «no se corresponde con la realidad».

De hecho, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, anunció que estudiarían acciones legales contra la exconcejal por actuar «de mala fe», así como «prefabricar pruebas» -por grabar sin permiso las conversaciones que mantuvo tanto con Serrano como con Ana Millán- y enmarcó el asunto en una «vendeta personal» contra el primer edil mostoleño.

La querella

El letrado Antonio Suárez-Valdés ha explicado, según recoge Europa Press, que se trata de «un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima».

La querella se sustenta en «un nutrido soporte probatorio», con el que se pretenderá acreditar «la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado».

Según el letrado, éste «pretendía tener una relación de tipo personal y segundo, ante el rechazo de esta, el desarrollo de un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a nuestra defendida».

Por otro lado, se denuncia además «la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular», lo que ha obligado a la exedil «a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente».

«El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización», señala el abogado, que agrega que «la ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones», según tipifica el código penal.

El letrado ha señalado que «ahora finalmente los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado junto con el ramo probatorio y es el momento de que hable la justicia». «Nuestro compromiso es garantizar que este proceso se desarrolle con el máximo rigor jurídico», asevera.