El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, interviene en un mitin del partido en Rentería (Guipúzcoa)
Los 23 acusados por asaltar un mitin de Albert Rivera en Rentería reconocen su implicación ante el juez
El tribunal aprobó tanto la suspensión de las penas como el fraccionamiento de los pagos, al haberse alcanzado un acuerdo total entre la Fiscalía y las defensas
Los 23 acusados por el asalto al mitin del entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera –celebrado el 14 de abril de 2019 en Rentería (Guipúzcoa)– han reconocido este miércoles su implicación en los hechos durante una vista judicial celebrada en San Sebastián.
Los hechos ocurrieron durante la campaña electoral de 2019, cuando un grupo de manifestantes intentó impedir por la fuerza el desarrollo del acto político mediante gritos, empujones, lanzamiento de objetos y bloqueo de accesos a la plaza pública. Uno de los acusados llegó a agredir a un agente de policía, aunque la Fiscalía acabó reformulando los cargos y centrando la acusación en el delito electoral, descartando la imputación inicial por atentado contra la autoridad.
Tras el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados, el tribunal impuso distintas penas según el grado de participación. Doce personas fueron condenadas a una multa de 2.160 euros, pagadera en 24 mensualidades. Otras diez recibieron penas de seis meses de prisión, que fueron suspendidas durante dos años con la condición de no reincidir. El acusado que inicialmente fue imputado por atentado vio rebajado el cargo a resistencia a la autoridad, mientras que otro procesado deberá pagar además una multa adicional y una indemnización por agredir a un asistente al mitin.
El tribunal aprobó tanto la suspensión de las penas como el fraccionamiento de los pagos, al haberse alcanzado un acuerdo total entre la Fiscalía y las defensas. La vista se desarrolló sin incidentes y en un clima de normalidad.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, asiste a un mitin del partido en Rentería (Guipúzcoa)
El procedimiento ha estado dirigido por el despacho Fuster-Fabra Abogados, con una extensa trayectoria en causas de terrorismo y violencia ideológica. Sus socios, Juan Ignacio Fuster-Fabra y José Carlos Velasco, han liderado procesos relevantes como los atentados del 11M, los ataques del 17A en Cataluña y causas contra los CDR, Tsunami Democràtic y la organización ETA.
Fuentes jurídicas destacan que, aunque las penas impuestas hayan sido mayoritariamente suspendidas, el caso marca un precedente importante al tratarse de un ataque contra el ejercicio de derechos fundamentales en plena campaña electoral. No se trató de un simple altercado, sino de un intento organizado de coacción política que atenta contra el pluralismo democrático.
Con esta resolución, a falta de sentencia firme, la causa queda prácticamente cerrada y lanza un mensaje inequívoco: la justicia no permanecerá indiferente ante quienes pretenden imponer su ideología a través de la violencia y la intimidación.
