Tras Txeroki, Asier Arzalluz: quién es el nuevo etarra excarcelado que ha abierto un cisma con la Fiscalía

José Luis López de Lacalle Arnal (Tolosa, 1938), era un periodista y acitivista español que colaboraba con el diario El Mundo. Al igual que muchas personalidades políticas de esa época, él también estaba amenazado por la banda terrorista ETA. En 1999, la localidad donde vivía fue inundada por pasquines, pero rechazó marcharse y abandonar el País Vasco. Un año después, en el 2000, lanzaron cócteles molotov contra su domicilio y también realizaron varias pintadas amenazándole de muerte, pero siguió sin querer irse. La tercera vez fue la definitiva. La mañana del 7 de mayo del año 2000, mientras regresaba a su casa, unos etarras se situaron a su espalda y le dispararon cuatro tiros hacia su cabeza y el tórax. No sobrevivió.

Uno de los implicados en ese asesinato fue Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, cuyo nombre ha vuelto a ganar notoriedad esta semana después de que el Gobierno vasco aceptara otorgarle el tercer grado penitenciario, lo que en la práctica le permite residir fuera del centro bajo determinadas condiciones. Por si fuese poco, esta decisión ha llegado apenas días después de que se le otorgara un régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, exjefe militar de ETA.

Además del asesinato de Lacalle, Asier Arzalluz, integrado en el comando Totto, también participó en una cadena de atentados mortales, entre ellos los asesinatos de Irene Fernández Perera, José Ángel de Jesús Encinas y Máximo Casado Carrera.

Detenido en 2009, Arzalluz ingresó en prisión con un horizonte penal largo, ya que la Audiencia Nacional lo condenó por asesinato, tentativa de asesinato, atentados terroristas, detención ilegal y depósito de armas de guerra. En diciembre de 2024 recibió la pena máxima de 30 años por el asesinato de López de Lacalle, en una sentencia donde los magistrados subrayaron que ni él ni su compañero de comando habían mostrado «ningún signo de arrepentimiento o de disculpa». Pese a esto, a la hora de concederle el tercer grado, el Gobierno vasco sostiene que existen informes técnicos favorables y que Arzalluz ha pedido perdón a las víctimas y ha reconocido el daño causado.

Una decisión, la del tercer grado, que recurrió ayer la Fiscalía, al considerar que esa evolución carece de la «consistencia temporal» exigida por el Tribunal Supremo y que no puede basarse en un cambio reciente.En una nota difundida este lunes, el ministerio público incide en que la eficacia de dicha medida de semilibertad en el que se encuentra Arzalluz, que terminará de cumplir condena en octubre de 2030, necesita tiempo para ser evaluada, no «un período tan breve como tres o cuatro meses».

Las asociaciones de víctimas, como Covite, van más allá y también denuncian que Arzalluz sigue vinculado al entorno político y social de la izquierda abertzale, figura en listados de apoyo a presos de ETA y continúa siendo exhibido en actos públicos, lo que, a su juicio, invalida cualquier narrativa de reinserción real.

Desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias, en octubre de 2021, se han concedido 114 terceros grados a presos etarras. De ellos, 94 corresponden a resoluciones iniciales y otros 20 a terceros grados reiterados tras haber sido revocados previamente por la Audiencia Nacional. Además, desde junio de 2024, cuando la socialista María Jesús San José asumió la Consejería de Justicia y Derechos Humanos, se han firmado 34 terceros grados, lo que, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo, equivale a una media aproximada de uno cada once días laborables.

Entre los beneficiados por ello se han encontrado algunos de los presos más sanguinarios de la banda terrorista. Y, desde la semana pasada, también Asier Arzalluz. Ahora la Fiscalía intenta maniobrar para evitar que otro condenado por asesinato disfrute de la libertad mucho antes de lo que le corresponde por sus crímenes.