En esta foto de archivo tomada el 15 de julio de 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tose
Campaña contra la Vida
Biden permite usar la sanidad pública para pagar viajes para abortar
Este miércoles, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva que allana el camino para que los estados puedan hacer uso de Medicaid –un seguro médico de carácter público– para pagar los servicios de aborto para mujeres que viajan desde otros estados, donde las prácticas abortistas están restringidas o directamente prohibidas.
Biden, presionado por los miembros de su partido desde que el Supremo tumbó la sentencia Roe vs. Wade, ha explicado que esta nueva orden, surgida del grupo de trabajo aprobado tras otro decreto del pasado julio para facilitar el aborto en estados que han limitado el acceso al mismo, pretende «tomar medidas para promover el acceso a los servicios de salud reproductiva”, Según ha afirmado el presidente, desde que cayó el blindaje constitucional del fin del embarazo la situación ha sido de «caos e incertidumbre» y continuó: «La salud y la vida de las mujeres están en juego».
La enmienda Hyde prohíbe que fondos federales sean usados para financiar abortos, excepto en casos de violación, incesto o «una condición física que ponga en peligro la vida de la madre». No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó en la rueda de prensa que la orden «allana el camino para que Medicaid pague los abortos de las mujeres que tienen que viajar fuera del estado». Sobre la financiación, a la vista de las restricciones de la ley en vigor, Jean-Pierre dijo que esperarán a que el departamento de salud (HHS) presente los detalles cómo se trabajará con los estados y si serán estos los que soliciten la exención.
La orden firmada este 3 de agosto, la segunda que Biden ha firmado desde la anulación de Roe vs. Wade, considera que atravesar las fronteras estatales para abortar es un «derecho básico» y exige la recopilación de datos y la investigación en los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para «medir con precisión el impacto que tiene la disminución del acceso a los servicios de atención de la salud reproductiva en la salud de las mujeres».
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