Del abandono al ciberacoso: el CEU reúne a expertos internacionales para reforzar la defensa de la familia

La Universidad CEU San Pablo celebró los días 19 y 20 de marzo el Congreso Internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y la Infancia, una cita que ha reunido en Madrid a juristas, académicos y responsables institucionales para analizar los desafíos más urgentes en la protección de los menores y del entorno familiar.

El encuentro, organizado por la profesora titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo Gemma Martínez Galindo, con la colaboración del área de civil, y la catedrática Begoña Fernández, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, el Instituto CEU de Estudios de la Familia y el Centro de Estudios del ICAM, se desarrolló en la Facultad de Derecho, despertando gran interés entre profesores y profesionales.

La inauguración corrió a cargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, acompañada por la Directora General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, Silvia Valmaña, y la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo.

La consejera subrayó que «potenciar a las familias y proteger a los menores es una de las responsabilidades más importantes de cualquier sociedad democrática», y recordó que la Comunidad de Madrid cuenta con «una de las estrategias de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad más ambiciosas de la Unión Europea», con una inversión récord de 4.800 millones de euros. Solo en ayudas directas a la maternidad se han superado los 324 millones de euros, que han beneficiado a 28.000 madres, lo que permite que miles de mujeres reciban 500 euros mensuales por cada hijo porque «un nacimiento, una nueva vida, debe ser un orgullo y no un problema».

Dávila-Ponce de León destacó también el apoyo específico a las familias numerosas, para las que el Gobierno regional impulsa una tarjeta que les permitirá mantener de forma vitalicia los beneficios asociados a su condición, y puso en valor el papel de las familias acogedoras y la necesidad de que todo niño crezca en el calor de un hogar.

«Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales reforzamos la protección de la infancia a través de una amplia y potente red de recursos», afirmó, citando residencias infantiles, centros de primera acogida y centros de primera infancia entre los dispositivos de la Comunidad de Madrid.

Una triple perspectiva

A lo largo de dos jornadas, el congreso abordó cuestiones clave desde una triple perspectiva: humanista, civil y penal; la protección de la infancia desde el punto de vista institucional ante situaciones de riesgo y desamparo, el papel de la familia como primer ámbito de amparo y desarrollo, las medidas civiles de protección del menor y el delito de abandono de familia.

La primera mesa redonda se centró en «La entidad pública de protección como garante del interés superior del menor», en la que la Dirección General de la Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid con su Directora General, dos Subdirectoras y el Abogado General, analizó cómo detectar las situaciones de riesgo, las actuaciones de los servicios sociales municipales y autonómicos, y las medidas de guarda, tutela e intervención inmediata, insistiendo en la necesidad de trabajar no solo con el menor, sino también con la familia de origen para un retorno a ella de ese menor.

Se abordaron, entre otros, los conflictos familiares que derivan en abandono, los casos de discapacidad en menores y progenitores, la pobreza, el impacto de los desahucios y la convivencia hacinada –con el consiguiente aumento de agresiones sexuales–, las situaciones de salud mental y la violencia intrafamiliar. También se puso el foco en la realidad de los menores migrantes no acompañados y en el alto porcentaje de adolescentes atendidos en el sistema de protección.

La Directora General, Silvia Valmaña, fue muy crítica con el Real Decreto Ley que establece el sistema de reubicación de menores inmigrantes no acompañados, por la falta de transparencia y la contradicción que produce con el interés superior del menor que debe protegerse en todo momento, y del que el mismo jueves el Gobierno anunció su prórroga.

La familia como entorno seguro

El Instituto CEU de Estudios de la Familia aportó una visión humanista a través de Carmen Fernández de la Cigoña –secretaria general de la ACdP–, Carmen Sánchez Maíllo –subdirectora del Instituto–, la médico de familia Ondina Vélez Fraga y la psicóloga y orientadora Cristina Velasco, que valoraron la familia como entorno seguro y vinculo estable, y la necesidad de cuidar la comunicación, y transmitir con el ejemplo, positivo y negativo.

Se cerró la jornada con Teresa Díaz y Jorge Prades de la Asociación de Familias para la Acogida, que destacaron su importancia para evitar las situaciones de desamparo. La sesión de mañana concluyó con la ponencia de Alessandro Mantelero, profesor titular de Derecho Privado y Derecho y Tecnología en la Universidad Politécnica de Turín, que expuso el impacto en la salud mental de la infancia el uso de las redes sociales y los chatbots.

Los ponentes de la tarde abordaron la protección civil y penal de los menores y de las personas vulnerables. El magistrado de familia jubilado Luis Aurelio González trató los aspectos de la tutela judicial efectiva en situaciones de desamparo, con una lección magistral sobre la protección judicial de esos menores que se encuentran ante el desamparo de los padres.

Y desde el punto de vista penal, Francisco Javier Soler Flores, Director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia de la Generalitat Valenciana, y los magistrados Raquel Rodríguez Gómez, de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Madrid, y Leandro Martínez Puertas, de la Audiencia Provincial de Madrid, analizaron los delitos de abandono de familia y cómo se traza la frontera entre una grave desatención y un auténtico abandono en situación de desamparo.

Mendicidad, acoso y violencia

La ponencia magistral del catedrático Esteban Mestre, «La mendicidad de menores como forma de abandono y de explotación», cerró la sesión abordando el uso de niños en prácticas de mendicidad como una forma especialmente grave de abandono y explotación. Reclamó una respuesta coordinada –penal y de protección social– frente a estas situaciones, ligadas con frecuencia a estructuras de criminalidad organizada y trata de seres humanos.

El viernes 20 se trataron otros temas relacionados con el acoso escolar, en el que Vicente Magro –magistrado del Tribunal Supremo– Carlos Gómez Jara –fundador de Corporate Defense– y Noelia Álvarez –abogada de ÉCIJA– explicaron la importancia del compliance para evitar y prevenir la comisión de este delito en los centros escolares y la necesidad de exigir responsabilidad penal a los centros escolares cuando no actúan debidamente ante una situación de acoso.

A su vez, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid intervino con la organización de una mesa sobre la violencia intrafamiliar y los retos de la abogacía en este ámbito, destacando la visión práctica del abogado. Para ello, Gema Cornejo y Lola Calderón, como abogadas expertas en familia, y José María Caballero y Deborah Calvo, como psicólogos clínicos y peritos, aportaron al Congreso unas reflexiones muy profundas sobre la importancia de la pericial psicológica en los casos de delitos en los que la víctima es menor de edad, concluyendo que la abogacía tiene que ir un poco más allá del Derecho, buscando siempre la prueba acreditativa de la realidad de los hechos.

La sesión se cerró con el catedrático de Economía Jorge Sáinz González, que habló de la trampa algorítmica y el daño de las redes sociales en adolescentes; Gemma Martínez Galindo, titular de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, que habló sobre los riesgos penales de las tecnologías, y Sameer Hinduja, profesora de Criminología y Justicia Penal de la Florida Atlantic University y de la Universidad de Harvard, que clausuró el Congreso con una conferencia sobre el ciberacoso entre jóvenes, mejores prácticas de prevención y respuesta.