Embargan el yate fantasma, clave en la guerra de Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario

La larga y mediática batalla judicial entre la extenista Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, el empresario catalán Josep Santacana, ha escrito un nuevo capítulo con el embargo preventivo del yate RA. La resolución, dictada por el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona el pasado 8 de mayo de 2025, ordena el precinto inmediato de la embarcación como medida para garantizar el pago de más de 6,6 millones de euros de responsabilidad civil que pesan sobre Santacana, condenado por alzamiento de bienes e insolvencia punible agravada.

El RA, una embarcación de 25 metros de eslora construida en 1989, había sido durante años símbolo del estilo de vida de la pareja. Según Sánchez Vicario, la adquisición y posterior reforma, valorada en torno a un millón de euros, se financió íntegramente con su patrimonio personal. Sin embargo, el barco nunca estuvo a nombre de Santacana de forma directa: figura como propiedad de la sociedad Blue Moon Marine Services LLC, domiciliada en Florida, cuyas acciones están en manos de un presunto testaferro, Jonathan Eckhard. Además, está gravado con una hipoteca de otra firma vinculada al empresario, All Reserve LLC.

La historia judicial del RA se remonta a finales de 2017, cuando Santacana presentó en Miami la demanda de divorcio. En ese momento, la embarcación se encontraba en el Puerto del Fórum, en Barcelona. Preocupada por la posibilidad de perderlo, Sánchez Vicario pidió a su familia, con la que acababa de reconciliarse tras años de distanciamiento, que comprobara su ubicación. La prensa llegó a confirmar que seguía amarrado allí, pero pocos días después de hacerse pública la información, el yate desapareció misteriosamente.

Su rastro permaneció oculto durante años, hasta que, en mayo de 2025, la autoridad judicial lo localizó en el puerto de Rosas, en la Costa Brava. El auto judicial ordena que el barco no pueda salir de su amarre ni ser desplazado, y restringe el acceso únicamente a personas autorizadas por el juzgado. La medida se extiende también al embargo preventivo de las participaciones de Blue Moon Marine Services LLC y All Reserve LLC, así como del crédito que la primera mantiene sobre la segunda.

La intervención judicial se enmarca en la condena contra Santacana, que en 2023 fue declarado cooperador necesario de un delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible grave. El proceso, iniciado por el Banco de Luxemburgo contra la ex pareja, concluyó con un acuerdo de conformidad: Sánchez Vicario evitó la prisión, mientras que él recibió una pena de tres años y tres meses de cárcel, además del pago de la millonaria indemnización. A pesar de haber sido declarado insolvente en 2021, la jueza considera acreditado que Santacana mantiene activos ocultos mediante una compleja red de sociedades interpuestas.

El caso del RA no es solo una cuestión patrimonial: se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento legal que se libra en dos frentes. En España, el embargo busca garantizar el cobro de la responsabilidad civil. En Estados Unidos, concretamente en los tribunales de Miami, continúa abierto el proceso de divorcio, en el que Sánchez Vicario intenta demostrar que su exmarido gestionó su fortuna y la dilapidó a través de operaciones opacas.

A nivel personal, la extenista ha vivido este proceso acompañada por su familia, con la que ha reconstruido la relación tras más de una década de distanciamiento. Su objetivo ahora es doble: recuperar parte del patrimonio que, según sostiene, le fue arrebatado, y cerrar un capítulo judicial que lleva ya más de siete años abierto. Mientras tanto, el RA, con su eslora imponente y su historia de lujo, huida y embargo, permanece inmóvil en un puerto de la Costa Brava, convertido en testigo silencioso de una de las disputas más sonadas del deporte y la crónica judicial española reciente.