Bernat Soria, el exministro de Zapatero perseguido por el cobrador del frac

Hay muchas formas de reclamar una deuda: acudir a los tribunales, recurrir a abogados o intentar acuerdos privados. Sin embargo, cuando ninguna de estas vías logra resultados efectivos, algunos acreedores optan por métodos más visibles y poco convencionales. En ese contexto aparece la figura del llamado «cobrador del frac», un servicio basado en la presión social constante. Y es precisamente este escenario el que rodea actualmente al exministro de Sanidad Bernat Soria, que ha vuelto a la actualidad por un motivo muy alejado de su trayectoria política y científica.

Según consta en resoluciones judiciales, Soria mantiene una deuda que ya supera los 520.000 euros. El origen se remonta a 2016, cuando se concedió un préstamo de 400.000 euros a una empresa vinculada a su entorno, que acabó en concurso de acreedores. Desde entonces, lo que comenzó como un problema económico ha ido aumentando con el paso del tiempo, a medida que se han acumulado intereses, costas judiciales y años de litigios.

El punto de inflexión llegó con una sentencia dictada en 2021 por un juzgado de Sevilla, que condena al exministro al pago de la deuda, incluyendo unos 120.000 euros adicionales en concepto de intereses y gastos procesales. No obstante, la ejecución de esa resolución se ha visto dificultada tras declararse la insolvencia del deudor. Según la documentación judicial, esta situación se produjo después de constatar que los activos disponibles habían sido transferidos a sus hijas sin una justificación económica clara.

Desde entonces, el margen de actuación ha sido muy limitado. El único mecanismo efectivo ha sido el embargo parcial de su pensión, con cantidades cercanas a los 700 euros mensuales, insuficientes para reducir de forma significativa la deuda. A este ritmo, la liquidación completa podría prolongarse durante décadas, mientras los intereses continúan incrementando el importe pendiente.

Fuentes cercanas al acreedor aseguran que esta decisión responde al desgaste acumulado tras años de espera sin avances reales. También expresan su malestar al considerar contradictoria la situación de insolvencia con la imagen pública del exministro, señalando la exposición en redes sociales de viajes y estancias en el extranjero, como unas vacaciones en Suiza durante el periodo navideño.

Este contexto contrasta con la trayectoria de Bernat, durante años una figura destacada en el ámbito académico y científico. Médico, catedrático e investigador, desarrolló una carrera sólida en campos como la bioingeniería y la fisiología, con presencia en centros de investigación tanto en España como en el extranjero.

Su salto a la política reforzó esa proyección. El vínculo con José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a consolidarse a mediados de la década de 2000, en pleno impulso de la investigación biomédica en España. En 2006, durante la inauguración del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, el entonces presidente visitó las instalaciones acompañado por Manuel Chaves, la ministra Elena Salgado y el propio Soria, en un acto que simbolizaba la apuesta del Gobierno por la investigación con células madre dentro del marco legal y ético. Aquel acercamiento acabaría situando al científico en la órbita política nacional. Un año después, fue nombrado ministro de Sanidad, cargo que ocupó entre 2007 y 2009. Tras su etapa en el Gobierno, continuó ocupando puestos de alta dirección en el sector público andaluz.

Sin embargo, ese recorrido dio un giro en 2019, cuando la Junta de Andalucía procedió a su despido al detectar incompatibilidades entre su cargo y determinadas actividades privadas. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por distintos procesos judiciales y una progresiva pérdida de presencia institucional.

En el plano personal, está casado con Verónica Juan, médica documentalista, y es padre de dos hijas, Aitana y Bárbara. Es precisamente en este ámbito donde se concentra uno de los aspectos más polémicos del caso: el resultado de los movimientos patrimoniales que, según la documentación judicial, han dejado al exministro sin bienes a su nombre, dificultando de forma directa el cobro de la deuda.