07 de agosto de 2022

Luis E. Togores

La ley de Memoria Democrática, una ley de rojos acomplejaditos

El gobierno de Sánchez con la nueva ley se ha autoatribuido el poder de quitar títulos nobiliarios, una atribución que no deja de sorprender pues siempre fue una prerrogativa de los reyes

La nueva ley de Memoria Democrática está redactada para satisfacer las fobias de esta gente. La verdad que el gobierno PSOE + PODEMOS + IU + BILDU + Independentistas catalanes es un gobierno que va de rojos, de revolucionarios, de republicanos, pero que en realidad son unos rojos acomplejaditos. Son una panda de republicanos que gobiernan en una nación con rey, sin atreverse a coger el toro por los cuernos, porque si les sale mal la jugada puede que las ministras vuelvan a la caja del supermercado, los presidentes a ser profesores ayudantes o a las covachuelas de sus partidos.
La nueva ley tiene une serie de apartados para intentar liquidar, uno a uno, los fantasmas de la nueva izquierda española, al tiempo que les permite seguir protestando contra el capitalismo mientras viven a cuerpo de político y entretienen al personal con juegos verbales al estilo de los mejores trileros.
El Gobierno de España, con sus aires de bolcheviques vestidos por Armani, no ha tenido el valor de hacer lo que era de esperar, abolir todos los títulos nobiliarios, todos, por ser un rescoldo antidemocrático, rancio y heteropatriarcal del Antiguo Régimen, propio de los tiempos de reyes absolutistas o, incluso, de cosas peores. Una lacra que la Revolución Francesa liquidó y que los viejos anarquistas, comunistas y socialistas intentaron hacer desaparecer a golpe de pelotón de fusilamiento, checa y paseos.
Con la nueva Ley de Memoria Democrática se quitan los títulos concedidos por Franco. Lista que luego se amplió a los concedidos por el Rey Juan Carlos I a la familia de Franco y otros franquistas recalcitrantes como Arias Navarro, Rodríguez de Valcárcel e Iturmendi.
Es necesario señalar que los títulos dados por el Régimen de Franco lo fueron a personas que, desde la óptica de la España nacida el 18 de julio, eran acreedores por sus incuestionables méritos a reconocimiento público. Recordemos que estos títulos no conllevan ventajas económicas, altos cargos en la administración, tierras y castillos, sino únicamente el derecho a portarlos como muestra del buen hacer al servicio de la nación por parte de sus titulares. Entre ellos había muchos militares y marinos que ganaron la guerra, empresarios, intelectuales e incluso algún político que tuvo el mal gusto de dejarse asesinar por las milicias socialistas durante el benéfico gobierno del Frente Popular.
Al teniente Martín Cerezo, el héroe de Baler (el de Filipinas), cuando regresó a España le ofrecieron un título nobiliario (hereditario) o la Laureada de San Fernando (personal e intransferible y pensionada). Martín Cerezo eligió la Laureada. Yo habría hecho lo mismos. Nobles muchos, laureados pocos.
El gobierno de Sánchez con la nueva ley se ha autoatribuido el poder de quitar títulos nobiliarios, una atribución que no deja de sorprender pues siempre fue una prerrogativa de los reyes, convirtiéndose así, por arte del BOE, el gobierno de Sánchez en los reyes de la baraja.
Tras proclamar a bombo y platillo la supresión de todos los títulos franquistas el Gobierno se lo ha repensado. ¡Todos, todos NO! Algunos han sido amnistiados: tenemos dos científico (el premio Nobel Ramón y Cajal y el oftalmólogo Hermenegildo Arruga, adelantado en los trasplantes de córnea); dos industriales (el industrial de acerías y alto hornos Patricio Echeverría y Alfonso de Churruca, artífice del nuevo puerto de Bilbao, ambos vascos); el ingeniero Torroja, abuelo de la cantante de Mecano; el cardenal Tedeschini, aunque dado a su sobrino, y dos intelectuales, uno de ellos político ultraconservador (Ramiro de Maeztu y Víctor Pradera, ambos asesinados por los frentepopulistas al comienzo de la Guerra Civil), más una mujer con méritos inicialmente desconocidos, la baronesa de Camporredondo.
De todos esto merece una atención especial el concedido a Juan Bautista Tedeschini y Danieli, sobrino del cardenal Tedeschini, nuncio en España durante la Restauración y la Segunda República Española, entre 1921 y 1936. El concederlo a su sobrino era fruto de la fina diplomacia vaticana. Se creó con total ausencia de publicidad por petición expresa del Cardenal. La concesión no se haría publica hasta el fallecimiento de este, momento a partir del cual comenzaba a surtir efecto público el otorgamiento del título
Entre los que no han sido amnistiados está el ducado de Calvo Sotelo, con grandeza de España, concedido a título póstumo, el 18 de julio, a favor del político José Calvo Sotelo. Lógica su supresión pues al dejarse matar por los guardaespaldas del ministros socialista Indalecio Prieto hizo que muchos militares no muy decididos, como Franco, terminasen por sublevarse. Su muerte la conoció el Ejército de África durante las maniobras estivales del Llano Amarillo y resultó determinante.
Con Juan de la Cierva, Conde de la Cierva, a título póstumo, pasa algo parecido. Fue el inventor del autogiro. Murió en accidente de aviación en diciembre de 1936. El economista y comisario político de la Historia de España Ángel Viñas realizó un informe de folio y medio en el que señalaba que Juan de la Cierva formó parte desde Londres, donde residía, de «un pequeño grupo de conspiradores monárquicos, británicos y españoles, contra la República, que tuvieron gran influencia entre los círculos de derecha», para posteriormente ayudar a los militares sublevados a «obtener armamento sorteando los escollos de la política de no intervención». El historiador Roberto Villa (profesor de la Universidad Rey Juan Carlos) y Javier Guillamón (catedrático de la Universidad de Murcia) realizaron dos estudios extensos en los que señalan que el informe de Viñas se apoya en memorias parciales en las que se aprecian contradicciones y errores para «expulsar en un juicio político a un personaje histórico del espacio público». Por otra parte, la Ley de Memoria Histórica no parece afectar a De la Cierva: no era militar y falleció en 1936 sin pisar España durante la Guerra Civil. Villa afirma que si De la Cierva hubiera sabido lo que se avecinaba habría evacuado a su familia de Santander y avisado a su padre y hermano -fusilado en Paracuellos del Jarama- de la gravedad de la situación. Viñas contraatacó en su blog. Humo. El Gobierno regional de Murcia recalcó que pese al impacto que tuvo la Guerra Civil en los familiares del inventor español, «no se haya reconocido a Juan de la Cierva la condición de familiar de víctima de la Guerra Civil, en aplicación a la ley de memoria histórica».
La retirada del título al Conde de Arteche también es comprensible. Arteche fue la persona que pilotó la dirección y modernización del banco de Bilbao después de la Guerra Civil. Toda esta actividad tuvo su reconocimiento en vida al concedérsele el título de conde de Arteche el 18 de julio de 1950. Falleció en 1960 a los 81 años. En este caso es lógico que se lo retiren pues amen de bilbaíno era banquero. Ya sabemos lo que opina el Gobierno de los banqueros.
Igual ocurre con el Conde de Fenosa, concedido el 1 de octubre de 1955 en favor de Pedro Barrié de la Maza. En su caso la retirada es doblemente comprensible, no solo era presidente y fundador de una eléctrica, además era banquero.
Hemos dejado para el último puesto a los fascistas certificados y recalcitrantes, que han perdido sus títulos de nobleza por su ideario, vida y obra que no les hace merecedores de nada de nada. En primer lugar los hermanos Primo de Rivera, José Antonio, duque de Primo de Rivera con grandeza de España concedido a título póstumo, y Pilar, condesa del Castillo de la Mota, ambos hijos del Dictador, lo que ya merece un castigo. José Antonio fue fundador de Falange Española de la JONS, el partido fascista español por excelencia, y además se dejó detener antes de comenzar la guerra y fusilar en Alicante el 20 de noviembre de 1936. Pilar creo la Sección Femenina, una organismo que a los ojos de la ministra de Igualdad se dedicó a entontecer y oprimir a las mujeres españolas sometiéndolas a la cosa esa del heteropatriarcado. Junto a ellos esta Onésimo Redondo, conde de Labajos, que pierde el titulo por falangistas, católico y sindicalista agrario. Además se dejó asesinar por unos milicianos rojos al comienzo de la guerra. Para más escarnio de la democracia Franco se lo concedió un 18 de julio.
Entre los amnistiados está el título de Baronesa de Camporredondo, a favor de María Samaniego y Martínez-Fortún, que fue creado el 19 de abril de 1965. ¿Quién es esta señora para que Franco le concediese un título? Estaba casada con José Larrucea Lámbarri, asesinado por los republicanos el 31 de agosto de 1936, cuando se encontraba preso por motivos políticos en el barco-prisión Cabo Quilates. Heredó el titulo su hija María de los Ángeles Larrucea y Samaniego, segunda baronesa de Camporredondo, enfermera voluntaria en la División Azul. La tercera baronesa de Camporrendodo fue su hermana María Josefa Larrucea y Samaniego casada con el falangista vieja guardia y ministro de Trabajo (1941-1957) José Antonio Girón de Velasco. ¡Que fino era el Caudillo! Está claro que se les ha pasado.
Viendo esta nueva ley no queda más remedio que recurrir a uno de los grande pensadores, filósofos y conocedores del alma humana del siglo XX (y no es una broma) Groucho Marx, al que se le atribuye la frase «éstos son mis principios, pero si no les gustan, yo los cambio», aunque en realidad la frase apareció en un periódico de Nueva Zelanda en 1873, pero le fue apuntada a Groucho por primera vez en el Legal Times en 1983, algunos años después de su fallecimiento. Resulta evidente que nuestros gobernantes son marxistas, aunque a veces parecen marxistas Groucho, pero desgraciadamente en realidad no lo son.
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