Los documentos del 23-F apuntalan a la monarquía y el régimen del 78

Los 153 documentos desclasificados en relación con el 23-F, procedentes de archivos de Interior, Defensa y Exteriores, y en los que no hay grabaciones, pero sí transcripciones, proporcionan pocas novedades, al ser conocida la mayoría de lo expuesto por los medios de comunicación en su momento.

Sin embargo, el sumario del juicio seguirá custodiado por el Tribunal Supremo, aunque se puede contar con las vistas orales ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. La sorpresa del hecho de la desclasificación proviene de que el Tribunal Supremo dictaminó en su momento que la documentación del 23-F debía quedar clasificada durante 25 años tras la muerte de los procesados o 50 años después del intento de golpe de Estado, lo que situaría el límite en el año 2031. La desclasificación es un buen acto propagandístico que tapa problemas reales, cuando en poco tiempo iban a quedar abiertos a la investigación.

Los documentos desclasificados hasta el momento son posteriores a los hechos y subrayan la participación destacada del monarca como jefe supremo de las Fuerzas Armadas para devolver a la obediencia a las unidades sublevadas. Posteriormente, en uno de los documentos del CESID de febrero de 1982, se señala la preocupación de la Casa Real sobre la defensa en el juicio de los generales Alfonso Armada y Jaime Milans del Bosch, de reconocidas afinidades monárquicas.

El propio organismo del CESID diluye la responsabilidad de algunos de sus miembros a seis casos concretos, de los cuales solo uno será penado. También se reportan conversaciones telefónicas de soldados, como los que ocuparon Televisión Española, que pierden su valor por la propia naturaleza del momento.

Los documentos del CESID sí son resaltados para vincular el movimiento conspiratorio a segmentos militares que se encontraban afectados por el dolor de los numerosos asesinados por el terrorismo y la inoperancia política en este campo. La denominada trama civil se centra en lo que fueron artículos de prensa de la época y no se aproxima a las interpretaciones desarrolladas y publicadas por historiadores actuales.

En definitiva, no hay sorpresas: los documentos desclasificados apuntalan la versión conocida y oficial del monarca como valedor del régimen democrático. Juan Carlos I se ve respaldado y apoyado por los representantes políticos de los principales países. Del mismo modo, la figura maltrecha del anterior monarca se ve revalorizada ante una sociedad donde ya una mayoría carece de conocimientos sobre los hechos citados y su figura.

Para el Ejecutivo es también un intento de congraciarse con la sociedad con este alarde de defensa de la verdad histórica a través de los documentos. El desprestigio alcanzado por la instrumentalización realizada con la Ley de Memoria Democrática siempre tuvo un objetivo concreto: el dominio del relato, que no la conclusión de un análisis histórico, que favorecía la creación de un victimario y un culpable para restaurar una superioridad moral de una izquierda radical que ya la perdió en los gulags.

La nueva izquierda española siempre buscó una nueva Transición desde su posición. Este movimiento de Sánchez le aleja de un aliado tocado de muerte y busca una posición favorable al calor de la Corona. No hay nada nuevo bajo el sol.