El presidente Suárez sale a hombros de los generales

«¡Viva la madre que te parió!». Esa fue la valoración de uno de los generales tras la reunión mantenida con Adolfo Suárez el 8 de septiembre de 1976. El presidente congregó a la cúpula militar en el Consejo Superior del Ejército y, tras su negativa a legalizar al Partido Comunista, poco menos que salió a hombros del decisivo encuentro. Acababa de recabar el apoyo del gran poder fáctico del momento a la operación de Reforma Política.

Como apuntó Charles Powell, la de Franco, más que una dictadura militar, constituyó la dictadura «de un militar». Investido con los máximos poderes del Estado desde el 1 de octubre de 1936 por sus compañeros de armas de la Junta de Defensa Nacional, Francisco Franco derrotó a la otra media España en la Guerra Civil y su victoria bélica estableció un régimen autoritario que, hasta su desaparición, adquirió una faceta civil-autoritaria, pero civil, a fin de cuentas.

Concedió amplias atribuciones a las Fuerzas Armadas en materia de orden público mientras la jurisdicción militar se extendía hacia ámbitos tradicionalmente ajenos. Aunque militares destacados, especialmente los de Estado Mayor y cuerpos auxiliares, ocuparon cargos relevantes en la Administración y el mismo Consejo de Ministros, los ejércitos, como institución, no adoptaron una posición política unificada en el franquismo.

Tuvo mayor relevancia el reparto de áreas de influencia que Franco, como árbitro supremo, concedió a las distintas «familias» (monárquicos, falangistas, democristianos, «tecnócratas», etc.). A esos difusos grupos que le prestaron base política y equipos también se adscribieron los uniformados que no hicieron de su promoción una cuestión eminentemente técnica.

Había generales monárquicos, del mismo modo que los hubo tradicionalistas o «azules». Entre estos últimos predominaban los jóvenes incorporados a la lucha cainita con el uniforme de alférez provisional.

La cúpula militar del Estado español la ocupaban el 20 de noviembre de 1975 generales (y almirantes) que habían luchado en la Guerra Civil y, en muchos casos, acudido a Rusia con la División Azul (si bien el posterior 23F les situaría tanto en el golpe como en la defensa del orden constitucional). Se trataba, en suma, de convencidos y caracterizados franquistas. A nadie se le escapaba.

Pero tampoco debe obviarse que se trataba de un estamento sacrificado (la carestía de medios materiales fue dramática hasta los Acuerdos con Estados Unidos en 1953) y con un alto sentido de la obediencia debida y la disciplina.

Con un encaje «constitucional» poco explícito (la Ley Orgánica del Estado, de 1967, atribuía a las Fuerzas Armadas la garantía de «la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional»), se había convertido en el auténtico «poder disuasor». A juicio de Amando de Miguel, este rol pasivo evitaba aventurerismos y la tentación de los cambios drásticos en lo político.

En todo caso, el contacto con los Estados Unidos había fomentado cierta despolitización y profesionalización entre la oficialidad española. Frente a una mayoría conservadora, profesionalizante y acomodaticia, se vislumbraban dos minorías politizadas: el «búnker», en muchos casos procedente de la joven oficialidad de la Guerra, y el mucho más minoritario progresismo de la UMD (Unión Militar Democrática), más temida por su infiltración clandestina que por su relevancia numérica y cualitativa, sobre todo a partir de la posible onda expansiva de la Revolución de los Claveles. Quien había tenido ocasión de viajar a Norteamérica descubrió, además, que era factible una democracia liberal compatible con la prosperidad y el orden.

Hay un dato excepcionalmente relevante para calibrar la influencia de los militares en la Transición democrática. Tiene que ver con la aparente ausencia de un gran líder de referencia. Carrero, el gris delfín de Franco, había sido asesinado por ETA a finales de 1973.

Díez-Alegría era un general demasiado intelectual. El emergente Gutiérrez Mellado despertaba aceradas antipatías en gran parte de la clase castrense. El único militar carismático con que quizá había contado el franquismo, Agustín Muñoz Grandes, había fallecido en 1970.

En realidad, el auténtico líder militar a la muerte de Franco fue el recién proclamado Rey Juan Carlos, designado en 1969 «sucesor a título de Rey». Franco había pedido en su testamento que se rodeara al futuro monarca «del mismo afecto y lealtad» que a él le habían brindado y que se le prestara «el mismo apoyo».

Los titubeos de Arias no convencieron al generalato, que entendió de inmediato que el Gobierno de Suárez sí contaba con el apoyo explícito del Rey. Transfiriendo su fidelidad, de forma casi automática, de Franco a Don Juan Carlos, aceptó un cambio desde arriba que no descarrilaría por los excesos socializantes del vecino Portugal.

Lo cierto es que el joven Suárez había contado con la simpatía de alguno de los más influyentes uniformados del franquismo. Gracias a un duro como el general Alonso Vega, del que era vecino de apartamento en las vacaciones almerienses, logró acceder al ansiado Gobierno Civil (de Segovia).

La protección de Carrero Blanco le había permitido dirigir Radiotelevisión Española, pese a la oposición de su ministro, un Sánchez Bella al que abiertamente puenteaba. Y durante algún tiempo gozó del afecto del coronel San Martín, un tan conservador como honesto responsable de los servicios de inteligencia.

A todos ellos, adustos hombres de milicia, tuteaba el joven hijo de republicano curtido en las filas del Movimiento Nacional. Es más. Durante el primer Gobierno de la Monarquía el titular de la Secretaría General del Movimiento había ganado aún más puntos ante los uniformados.

Su gestión, en ausencia de Fraga, de la crisis de Vitoria le presentó como un político con autoridad y temple. Durante el viaje del Rey a los Estados Unidos quiso sancionar a Cambio 16 por publicar una inocente caricatura de D. Juan Carlos, como guiño a los ministros militares del gabinete. Y, en privado, desautorizó a Fraga cuando el vicepresidente de Arias sugirió que los comunistas podrían ser legalizados tras las elecciones.

Se entiende así que la jerarquía militar no recibiera mal la designación de Suárez como presidente en julio de 1976 y que el nuevo presidente, aconsejado por el Rey y la más elemental prudencia, mantuviese en su Gobierno al vicepresidente para Asuntos de Defensa, teniente general Fernando de Santiago, y a los tres ministros militares, Álvarez-Arenas (Tierra), Pita da Veiga (Marina) y Franco Iribarnegaray (Aire).

Obsérvese, teniendo en cuenta todo lo anterior, lo crucial del encuentro que mantuvo Suárez la mañana del 8 de septiembre de 1976. Para entonces el borrador de la Ley de Reforma Política facilitado por Fernández-Miranda, mantenido en lo sustancial, se había convertido ya en la Ley para la Reforma Política y acababa de recibir el visto bueno del monarca.

En ese momento muy probablemente el presidente no tenía intención de legalizar al Partido Comunista, si bien luego pretextaría que se había limitado a asegurar ante la cúpula de los ejércitos que, a la luz de sus estatutos de aquel momento, los comunistas no tenían cabida en la inminente democracia española.

Posteriormente, los generales se sentirían engañados, pero, por lo pronto, acababan de dar su rotundo respaldo al plan democratizador del Rey que Adolfo Suárez les había presentado con su desenvoltura habitual. Solo dos días después, el 10 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba el texto definitivo de la Ley para la Reforma Política, que el presidente explicaba a los españoles ante las cámaras televisivas esa noche. Los dados habían empezado a rodar.