Cuatro pueblos que quisieron seguir ligados a la Monarquía Hispánica y desmontan la Leyenda Negra

La Leyenda Negra convirtió la unión de dos mundos en una dicotomía de conquistadores y víctimas; sin embargo, las consignas negrolegendarias olvidan muchas veces mencionar que durante más de tres siglos hubo también alianzas, fidelidades, resistencias y reincorporaciones. No en vano, la Constitución de 1812 definió a la nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios».

En este sentido, recopilamos los episodios de cuatro pueblos que quisieron formar parte de la Monarquía Hispánica.

Los indígenas que eligieron aliarse con la Corona española

La conquista de México es, sin duda, un episodio que siempre sale a colación para argumentar la «crueldad» de Hernán Cortés y denostar su gran hazaña. Cuando el conquistador extremeño desembarcó en las costas de Mesoamérica, lo hizo con apenas 400 soldados. Su victoria no estuvo únicamente en las armas de fuego, sino, sobre todo, en las alianzas que tejió con los pueblos indígenas.

«Si te cuentan que Tenochtitlán era la gran capital de un gran imperio poderosísimo, pensar que un imperio así cae ante 400 personas es absurdo», sentenció Juan Miguel Zunzunegui en una entrevista con El Debate. «La realidad es que la ciudad cae ante 100.000 guerreros y, de esos 100.000 guerreros, prácticamente todos son indios, son tlaxcaltecas, cholutecas, chichimecas, chalcas, totonacas…, que todos son aliados de Hernán Cortés», explica.

Los pueblos indígenas, por tanto, no fueron meros espectadores de los acontecimientos de la conquista, sino que «fueron protagonistas», comenta Iván Pérez Corona, divulgador cultural originario de Tlaxcala (México), en un artículo publicado en esta cabecera.

Los tlaxcaltecas no fueron simples «auxiliadores». Diferentes fuentes históricas, como el Lienzo de Tlaxcala, plasman que ellos «reclamaron el trato de conquistadores de tú a tú con los españoles. La élite que gobernaba Tlaxcala fue incorporada a la nobleza castellana en igualdad de condiciones a la de cualquier hidalgo peninsular, sincretizando sus antiguas divisas señoriales con escudos de armas europeos», señala Pérez Corona.

El propio Lienzo de Tlaxcala, elaborado a mediados del siglo XVI, tenía entre sus objetivos dejar constancia de la colaboración militar de los tlaxcaltecas para solicitar mercedes y privilegios. En sus escenas, además, los nativos no aparecen como figuras secundarias, sino como participantes de las conquistas realizadas junto a los castellanos.

Con todo ello, Tlaxcala defendió así durante generaciones su condición de aliada de la Monarquía y no simplemente de pueblo sometido. Sus élites enviaron representantes a la corte, obtuvieron privilegios y exenciones y construyeron una relación política directa con el rey que utilizaron para defender su autonomía y sus intereses dentro de la nueva Monarquía Hispánica.

Cuando se pidió el consentimiento de los naturales

Entre los legajos que atesora nuestro gran Archivo General de Indias se encuentra el acta de vasallaje de Pangasinán. Fechado el 21 de marzo de 1599, el documento expresa cómo los principales y numerosos habitantes de esta provincia filipina juraban lealtad al rey de España en el marco de un proceso destinado a obtener de los naturales la aceptación libre y expresa de la soberanía de la Corona española.

Y es que una de las grandes preocupaciones jurídicas de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII fue procurar el «buen gobierno de las Indias» y regular el trato y la protección de sus naturales. Este debate estuvo presente ya desde tiempos de Isabel la Católica y continuó durante los reinados de Carlos V y Felipe II.

Se intentó encauzar mediante debates como la Controversia de Valladolid y se plasmó en disposiciones como las Leyes Nuevas, que «representan totalmente el mayor esfuerzo realizado por una potencia colonial para crear un verdadero derecho de los colonizados hasta el siglo XX», según el historiador Bartolomé Bennassar.

Tras la incorporación de buena parte del archipiélago filipino a la Monarquía Hispánica, volvió a plantearse una cuestión que llevaba décadas debatiéndose en América: sobre qué títulos podía fundarse legítimamente la soberanía española sobre los pueblos indígenas.

Las dudas alcanzaron al propio Felipe II. A instancias, entre otros, de fray Miguel de Benavides, obispo de Nueva Segovia, el monarca promulgó una Real Cédula el 8 de febrero de 1597 en la que ordenaba remediar por medios pacíficos lo que pudiera haberse hecho mediante «fuerza y temor» y procurar que los naturales prestasen una sumisión libre y voluntaria a la Corona. La disposición fue publicada en Manila en 1598.

El procedimiento ha sido descrito por algunos historiadores como una suerte de plebiscito o referéndum, aunque no debe entenderse en el sentido electoral contemporáneo. Se reunía a principales, jefes de barangay y otros habitantes para recabar su consentimiento al reconocimiento del rey como soberano.

Según esta interpretación, la soberanía española debía descansar en una aceptación voluntaria de los naturales. Las actas conservadas muestran, además, que no se trataba simplemente de registrar una respuesta automática. En La Laguna, por ejemplo, los principales solicitaron tiempo para deliberar antes de pronunciarse.

Uno de los testimonios más elocuentes es precisamente el acta de vasallaje de Pangasinán. Fechada en Mangaldán el 21 de marzo de 1599, recoge cómo los principales y numerosos habitantes de la provincia prestaron obediencia al rey y se pusieron bajo su protección.

Otro ejemplo se produjo en Cagayán, dentro de la diócesis de Nueva Segovia. Según relata fray Rodrigo de Aganduru Moriz en su Historia general de las Islas Occidentales a la Asia adyacentes, llamadas Philipinas (1632), durante una de aquellas asambleas «se levantó un indio y dijo: 'Respondemos que deseamos que el rey de España sea nuestro rey y soberano, porque nos ha enviado castellanos, que nos están liberando de la tiranía y dominación de nuestros jefes, así como padres que nos ayudan contra los mismos castellanos y nos protegen de ellos'».

Una guerra para regresar a España

El caso de Santo Domingo es especial. Tras haber sido cedida a Francia en 1795 mediante el Tratado de Basilea, parte de la población dominicana se levantó contra los franceses durante la crisis napoleónica y estalló una insurrección encabezada por Juan Sánchez Ramírez para expulsar a los franceses y restaurar la soberanía de Fernando VII.

Con el apoyo de Puerto Rico y de Gran Bretaña, los dominicanos derrotaron a las fuerzas francesas, que abandonaron Santo Domingo en julio de 1809. Sin embargo, años después, en 1861, ocurrió un episodio mucho más singular.

La República Dominicana había proclamado su independencia de Haití en 1844, después de que toda la isla hubiese estado bajo dominio haitiano desde 1822. Sin embargo, la nueva república afrontaba una situación económica muy precaria y mantenía un temor constante a una nueva invasión haitiana. En este contexto, el presidente Pedro Santana consideró que la protección de una potencia europea podía garantizar la supervivencia del país.

Así, en marzo de 1861, ante la catedral de Santo Domingo, Santana proclamó la anexión a la Corona española. Los llamados anexionistas argumentaron esta decisión a través de dos vías: volver a la madre patria y recuperar la identidad cultural, civilizatoria y religiosa compartida entre Santo Domingo y España, tal y como recoge Miguel Saralegui Benito en su trabajo titulado Paz, maternidad, hispanidad: discursos legitimadores de la Anexión de Santo Domingo a España entre 1861 y 1865.

Aunque la iniciativa provocó protestas, el Gobierno de Leopoldo O'Donnell decidió aceptarla y, en mayo de ese mismo año, un real decreto declaró que «el territorio que constituía la República Dominicana queda reincorporado a la Monarquía». Santo Domingo pasó así a ser un territorio español de ultramar y Santana, que había sido presidente de la República, se convirtió en capitán general y fue nombrado teniente general del Ejército español y marqués de Las Carreras.

Sin embargo, la incorporación no produjo la estabilidad esperada, las reformas económicas tuvieron escaso éxito y las tensiones con Haití aumentaron. En 1863 estalló una rebelión que desembocaría en la derogación de la anexión en 1865.

La ciudad que siguió luchando por el rey cuando avanzaba Bolívar

Comunidades indígenas y sectores populares mantuvieron una prolongada resistencia a los líderes criollos independentistas. Pasto, al sur de la actual Colombia, fue uno de los grandes focos realistas que defendieron con lealtad y tesón a la Corona española.

Aunque la ciudad fue una de las más antiguas fundadas por los españoles y gozó siempre de cierta prosperidad bajo el gobierno virreinal, a comienzos del siglo XIX era una de las regiones con mayor población indígena. Al estallar la guerra de independencia, Pasto se convirtió en un enclave estratégico al dominar el paso montañoso entre Nueva Granada y Quito, por lo que tanto los independentistas de Quito como los de Bogotá intentaron tomarla varias veces.

Pero los pastusos, profundamente católicos y mayoritariamente leales a la Corona, se opusieron a los movimientos revolucionarios y lucharon ferozmente contra las fuerzas independentistas, por lo que la ciudad ganó el apodo de «Leona de los Andes».

Agustín Agualongo, uno de los principales líderes de la resistencia realista, fue capturado y, tras negarse a jurar fidelidad a la República de Colombia, fue fusilado. Se dice que antes de dar su último suspiro realizó esta solemne proclamación: «Si tuviese veinte vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España».