Los nobles españoles que sirvieron a José Bonaparte y cambiaron de bando tras la derrota de Napoleón en Bailén

Esa actitud de pasividad, mientras no fueran amenazados sus intereses económicos, explica que la nobleza adoptara una actitud política conservadora pero adaptable al cambio de dinastía.

De ese modo se puede interpretar su actitud pasiva ante las abdicaciones de Bayona, su inicial colaboracionismo con los franceses en un primer momento, sus dudas acerca de la actitud que tomar al comienzo de la Guerra de la Independencia y su general postura de abandono de José I después de la victoria española en los campos de Bailén (19 de julio de 1808).

Cierto que algunos destacados títulos tuvieron una rápida actuación en defensa de la causa patriótica, como el marqués de Alventos, el marqués de Santa Cruz –presidente de la Junta de Asturias–, la condesa de Bureta en Zaragoza o el conde de Tilly en Sevilla, pero la nobleza no acaudilló, sino que fue solicitada por el pueblo alzado, siguió el movimiento de una sociedad que aún le reconocía prestigio para liderar la sublevación contra Napoleón.

Entre 1808 y 1814, la nobleza participó en la Junta Central y en las Cortes de Cádiz pese a que solo se convocó al estado llano. Pero la actuación de los 14 títulos que asistieron –en representación de las juntas provinciales o de las ciudades– fue discreta, dividida y sin un claro horizonte político.

La alta nobleza careció de metas y de organización, por lo que apenas pudo desplegar una gran fuerza política. Aceptó cambios, pero siempre que no entrañaran riesgos, pues se mostró incapaz de reaccionar salvo en algunos casos donde se pudieron amenazar sus fuentes económicas.

Los liberales –la mayoría provenientes de la hidalguía–, conscientes de la capacidad defensiva que podían desplegar todavía los grandes, mostraron moderación ante la abolición de los señoríos jurisdiccionales en 1811. Con la intención de evitar la alarma nobiliaria, se garantizaron sus dominios territoriales o solariegos y, en 1813, el programa desamortizador abolió únicamente los mayorazgos cortos.

En cuanto a la reforma contributiva, más que el sistema tributario, se intentó reformar el modo de recaudación. Pero esta moderación fue entorpecida por la interpretación que muchos pueblos hicieron del decreto de 1811, negándose a pagar las rentas territoriales.

En la España afrancesada, en un principio la nobleza española participó en la corte de José I. Se hicieron cargo de las ceremonias palatinas, desde enero de 1809, el duque de Sorrentino, el conde de Montezuma y el marqués de San Adrián.

Como mayordomo mayor se designó al duque de Frías, hasta su marcha a París como embajador, y bajo sus órdenes se encontraban los mayordomos de semana como Miguel Francisco de Arizcun, conde de Tilly, el mexicano marqués de Uluapa o Pedro Miguel Sáenz de Santa María.

Por su parte, el duque de Campo Alange fue designado primer montero del Rey (y ministro de Negocios Extranjeros), siendo sustituido tras su marcha a París, en 1811, por el marqués de Benavente, mientras el teniente general Juan Alejandro Strolz era nombrado primer caballerizo.

Otros oficios de relevancia fueron los de gran chambelán, marqués de Valdecorzana, auxiliado por Domingo Cabarrús, hijo del ministro, conde de Cabarrús y chambelán. En 1812, Cipriano Palafox, conde de Teba y Montijo –padre de Eugenia de Montijo–, fue elevado al cargo de chambelán; Antonio Ruiz de Castilla fue nombrado maestre de ceremonias, en sustitución de Masserano, y el marqués de Uluya, mayordomo, en el puesto del fallecido duque de Frías.

El grado de compromiso de estos altos cargos palatinos con el Estado afrancesado fue muy diferente según los casos y, desde luego, menor que el de otros colectivos. En 1813, muchos nobles emigraron y algunos volvieron lentamente, confiando en que su alta posición social les salvaguardaría de la represión política; otros ni siquiera lo intentaron.

Los altos jefes de la Casa Real josefina nombrados en 1808 habían sido todos españoles: el marqués de Ariza, gran chambelán; el duque de Híjar, gran maestre de ceremonias; los condes de Fernán-Núñez, Orgaz y Castel-Florido, el marqués de Santa Cruz y los duques de Sotomayor y Osuna, encargados de los restantes puestos de la corte del monarca intruso.

La inopinada evacuación de Madrid en agosto de 1808, tras la victoria española en Bailén, ocasionó la primera hemorragia de estos egregios servidores, los cuales se pasaron con naturalidad a la causa del pueblo español insurgente. Por ello, la mayor parte de los mismos, al intentar reingresar en la corte tras la Guerra de la Independencia, lograron pasar la depuración oficial.

Por el contrario, se encontraron en una situación más difícil aquellos nobles que formaron parte de la Casa Real josefina a partir de la vuelta de los ejércitos franceses a Madrid y la reorganización palatina de enero de 1809, cuando José I pudo retornar e instalarse nuevamente en el Palacio Real. Y así, muchos otros miembros de la corte intrusa permanecieron en el exilio o, al conseguir volver a España en la posguerra, fueron alejados de ella.