Autobuses con manifestantes detenidos tras los ataques a edificios gubernamentales en Brasil, son trasladados a la prisión de Papuda, en Brasilia
Brasil
El gobierno de Lula niega las denuncias de maltrato de 1.500 detenidos por los asaltos de Brasilia
El ministerio de Derechos Humanos tomó cartas en el asunto y asegura que vigila el estado y las condiciones de los arrestados «para que la legalidad siempre sea observada»
La escena resulta difícil de imaginar, pero lo cierto es que, oficialmente, el gobierno asegura que tiene más de 1.500 detenidos por los disturbios del domingo en Brasilia y a todos los tiene bien vigilados. Dicho de otra forma, no les quita ojo y uno tras otro cumple con los interrogatorios de rigor, aunque denuncian maltrato.
La situación resulta compleja y más después de conocerse la insistencia de los detenidos que asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en denunciar abusos, extremo que ha desmentido el gobierno.
Para evitar que se cometan -o se produzcan- acusaciones de violaciones a los derechos humanos de los confinados, el gobierno ha hecho lugar a la petición del ministerio de Derechos Humanos de autorizarle a revisar la calidad de los espacios de reclusión y las condiciones en la que se encuentran.
Asimismo, anunció -informa Efe- que numerosos detenidos comenzaron a ser transferidos este martes a la prisión de Papuda, a las afueras de Brasilia.
La cartera de Derechos Humanos informó en la nota que está en contacto con el Ministerio de Justicia «para vigilar la situación de las personas detenidas tras los desórdenes ocurridos en Brasilia».
Según el comunicado, las dos carteras actuarán en conjunto «para que la legalidad siempre sea observada».
Con acceso a las redes sociales
El anuncio se produjo después de que los propios detenidos aprovecharan su acceso a las redes sociales para denunciar supuestas violaciones a sus derechos.
Además de 300 personas detenidas el domingo por su participación en los ataques golpistas, otras 1.200 fueron arrestadas el lunes en el campamento que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro habían instalado hacía 70 días frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para presionar por un golpe militar contra Lula, cuya victoria electoral no reconocen.
Todos fueron conducidos a un pabellón deportivo mientras unos 50 equipos de fiscales y policías intentan identificarlos e interrogan uno por uno para establecer su posible responsabilidad en los ataques y determinar si los liberan o formulan cargos.
El Ministerio de Derechos Humanos aclaró en su comunicado que está totalmente alineado con la decisión del Gobierno de responder a los «actos golpistas y al frustrado intento de abolición del Estado democrático de derecho con el más riguroso tratamiento en los términos de la ley y de la Constitución».
El Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que monitorea la situación de los cerca de 1.500 detenidos por los asaltos del domingo a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema tras denuncias de que sus derechos han sido supuestamente violados.