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26 de abril de 2024

Una manifestante se cubre la cara con un cartel contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu

Una manifestante se cubre la cara con un cartel contra el primer ministro israelí Benjamin NetanyahuAFP

Israel

Israel, un país democrático que lleva 75 años funcionando sin Constitución

La Asamblea Constituyente de 1949 ordenó redactar una Ley Fundamental, pero los sucesivos gobiernos han preferido perfeccionar las instituciones con catorce leyes fundamentales

Como recuerda el historiador Avi Shlaim en El Muro de Hierro, la Declaración de Independencia del Estado de Israel, leída por David Ben Gurion, el 14 de mayo de 1948, garantizaba que el nuevo sujeto político estaría basado en los principios de Libertad, Justicia y Paz, «como lo concibieron los Profetas de Israel», respetaría la igualdad absoluta civil y política de todos los ciudadanos, sin distinción de religión, raza o sexo; aceptaría con lealtad la Carta de Naciones Unidas.

En ningún momento de estos 75 años, ni siquiera en los momentos más duros, se ha apartado Israel de la praxis democrática

Tres cuartos de siglo después, se puede decir que el Estado judío ha cumplido con el compromiso adquirido por su élite fundadora. Lo ha hecho, además, afrontando seis guerras –entre 1948 y 2006– y luchando por su supervivencia en medio de una tensión permanente. En ningún momento de estos 75 años, ni siquiera en los momentos más duros, se ha apartado Israel de la praxis democrática.
Sin embargo, aún carece de una Constitución escrita. Este fallo contraviene el mandato emitido por la Asamblea Constituyente elegida en las primeras elecciones generales, celebradas el 25 de enero de 1949, ocho meses después de la Declaración de Independencia del Estado
Precisamente, el primer acto de la Asamblea Constituyente consistió en aprobar la Ley de Transición, base y origen de la Knéset, a día de hoy única asamblea legislativa –típico caso de Parlamento democrático unicameral– del Estado de Israel.
A continuación, según informa la propia Knéset, brotó «un prolongado debate entre los partidarios de la promulgación inmediata de una Constitución y los que creían que no debía haber Constitución; o, al menos, que aún no había llegado el momento» de promulgarla.

Las sucesivas Knéset, que siguen disponiendo a día de hoy todos los poderes constituyentes

La divergencia se resolvió mediante un compromiso que dejaba la resolución del problema en manos de las sucesivas Knéset, que siguen disponiendo a día de hoy todos los poderes constituyentes. La Asamblea Constituyente introdujo la idea, que sigue vigente, de una constitución «por capítulos» en lugar de un documento formal escrito.
El texto de esta resolución, conocida como la «Resolución Harari» en recuerdo de su promotor, el diputado Yizhar Harari, reza lo siguiente: «La Primera Knéset encarga a la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia que prepare un proyecto de Constitución del Estado.
La Constitución se construirá capítulo por capítulo, de forma que cada uno constituya una Ley Fundamental independiente. Los capítulos se presentarán a la Knéset cuando el comité complete su trabajo, y todos los capítulos juntos conformarán la Constitución del Estado». Unas indicaciones que siguen sin verificarse cuando han transcurrido más de siete décadas desde su elaboración.

Israel ha suplido el incumplimiento de redactar una Constitución con 14 leyes fundamentales con rango constitucional

Israel ha suplido el incumplimiento con catorce leyes fundamentales con rango constitucional, y que abarcan las materias básicas de cara al funcionamiento regular de las instituciones: la segunda, por ejemplo, se centra en la «relación especial entre el Pueblo de Israel, la Tierra de Israel y su redención». En claro: el Estado es el propietario inamovible de la mayor parte de las tierras que configuran su territorio.

La ley básica aprobada en 1980 convierte a Jerusalén en la capital «eterna» de Israel

Más polémicas son aún la sexta y la decimocuarta, en la medida en que dificultan una paz duradera entre israelíes y palestinos. La ley básica aprobada en 1980 convierte a Jerusalén en la capital «eterna» de Israel.
La de 2018, consagra, de forma inequívoca, el derecho a la autodeterminación nacional como «exclusivo del pueblo judío», lo que significa, entre otras cosas, que no habrá ninguna posibilidad en el futuro para que los palestinos que viven en cualquier parte del mundo ahora regresen al Estado judío soberano.
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