Giorgia Meloni durante una conferencia de prensa
El Gobierno de Meloni lo tiene claro: no a los vientres de alquiler
El gobierno italiano encabezado por Giorgia Meloni lo tiene claro: no se legalizará en Italia la gestación subrogada y se perseguirá incluso a quien «compre» niños en países extranjero, aunque estén legalizados los llamados «vientres de alquiler».
Meloni se expresó recientemente en contra de esta práctica: «No creo que comerciar con el cuerpo femenino y transformar la maternidad en un negocio pueda considerarse una conquista de la civilización. El alquiler del útero es la esclavitud del tercer milenio».
Los dos principales partidos del gobierno en Italia, Fratelli d'Italia y la Lega, han presentado dos propuestas para perseguir y penar la subrogación de la maternidad por parte de ciudadanos italianos en el extranjero.
El alquiler del útero es la esclavitud del tercer milenioPresidente del Consejo de Ministros de Italia
La gestación subrogada ya es ilegal en Italia, la novedad, ahora, es que, mediante la modificación del artículo 12 de la ley n.40 del 19 de febrero de 2004, también se penará a quien acuda al extranjero para obtener un niño gestado por otra mujer, ya sea una práctica altruista o mediante pago.
La medida hará imposible que en Italia se produzca un caso similar al protagonizado en España por Ana Obregón, que anunció recientemente que había sido «madre» y «abuela» al mismo tiempo después de «encargar» un niño en Estados Unidos por medio de gestación subrogada con el esperma de su propio hijo, Alejandro Lequio, fallecido en 2020.
El caso de Ana Obregón ha tenido un amplio eco en Italia y ha alimentado el debate sobre la reforma impulsada por el gobierno de Meloni.
La ley se encuentra ya en la Cámara de Diputados (Parlamento) y ha superado el primer filtro de la Comisión de Justicia de Montecitorio, sede de la Cámara.
Meloni pretende que la ley salga con el mayor respaldo posible de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.
De hecho, en un principio contó con la disposición de los partidos de izquierda –Partido Democrático y Movimento 5 Stelle– a debatir la propuesta.
Sin embargo, el bloque de izquierdas se ha echado finalmente atrás y ha votado en contra del borrador del gobierno.
El problema: la penalización de la práctica a quien haya acudido a países extranjeros donde sí es legal, o no está penalizada, la gestación subrogada.
El gobierno, pese a todo, cuenta con la mayoría de diputados y senadores y no tendrá problemas para aprobar la ley.
Las objeciones las resumió la senadora del izquierdista Movimento 5 Stelle (similar a Podemos en España), Dolores Bevilacqua: «Nosotros estamos firmemente en contra de toda mercantilización del cuerpo de la mujer. Pero es necesario plantearse algunas preguntas sobre la constitucionalidad de la propuesta: ¿Estamos realmente seguros de que se pueda sancionar una conducta en Italia cuando se ha producido en un país donde, sin embargo, es perfectamente legal?».
Los miembros de la comunidad LGTB en Italia han reaccionado con críticas y rechazo a la reforma planteada por el Frateli d'Italia y la Lega.
Los grupos de presión pro LGTB han acusado a Meloni y su gobierno de atacar de forma especifica a los padres del mismo sexo.
Los activistas han denunciado que el gobierno de Meloni los discrimina y afirmaron que la ley se trata de propaganda anti gay.
En el gobierno, sin embargo, no hay duda. La ministra de Familia, Eugenia Roccella, recordó que, incluso el Tribunal Supremo italiano concluyó recientemente que el vientre de alquiler «ofende de modo intolerable la dignidad de la mujer y mina profundamente las relaciones humanas».
Hijos como producto
La Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha expresado su apoyo a la medida y lamentó que quienes se oponen a ella limiten el debate a una mera cuestión burocrática centrada en el Registro Civil y no en el daño que la gestación subrogada produce en la madre y en los hijos.
La CEI, por medio de un comunicado, achacó esta práctica al «creciente individualismo» que «amenaza con distorsionar la misma idea de familia».
En ese sentido, subrayó que «los hijos nunca pueden considerarse un producto o un objeto destinado a satisfacer un deseo».
También hizo hincapié en que los vientres de alquiler son «una práctica inaceptable que mercantiliza a la mujer y al nasciturus».
Aunque la CEI no quiso entrar en el debate sobre la constitucionalidad o no de penar a quien acuda a un tercer país donde esta práctica sí sea legal, sí que señaló, por medio de su secretario general, Mons. Giuseppe Baturi, que se trata de un «problema universal».
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