Barcos pesqueros
Soberanía alimenticia
Marruecos negocia con los recursos del Sáhara en la mano y no cumple con la regulación europea de pesticidas
El ministro Luis Planas asegura que Mohammed VI tiene «voluntad» de renovar el pacto pesquero al mismo tiempo que comercia con frutas contaminadas
El Consejo de agricultura y pesca de la Unión Europea se ha reunido hoy en Bruselas, con el ministro español Luis Planas Puchades a la cabeza, por primera vez desde el comienzo de la presidencia rotatoria de España de este segundo semestre de 2023.
Planas ha hablado sobre las relaciones comerciales con Marruecos poco antes de empezar la sesión. El ministro ha asegurado que Mohammed VI tiene «voluntad» de continuar adelante con las conversaciones sobre la renovación del protocolo pesquero entre Rabat y la UE que expiró el pasado 17 de julio.
El ministro ha reconocido que se debe esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre el recurso presentado contra un fallo anterior del Tribunal General de la UE de 2021 que anuló el pacto pesquero por englobar también las aguas del Sáhara Occidental. Las pretensiones expansionistas del reino alauita no son de ahora ni se circunscriben exclusivamente a Ceuta y Melilla.
Hacerse con el Sáhara Occidental no solo implica dominar el segundo mayor mercado de fosfatos del mundo, sino también controlar la plataforma marítima, con todo lo que eso implica en cuanto a recursos se refiere. Pocos años antes de la cesión de soberanía decidida de manera unilateral por el Gobierno de Pedro Sánchez se descubrió un monte marino de telurio que se encuentra entre las plataformas marítimas de Canarias y el Sáhara Occidental.
Con la anexión de este territorio por parte de Marruecos –y el deseo expreso por parte de España de no llevar a cabo ninguna prospección– los «aliados» del sur tienen vía libre para hacerse también con este preciado elemento.
Preocupados por el grano de Ucrania
El posible cierre del mar Negro para el mercado del grano y de otros alimentos preocupa –y mucho– a la UE en plena guerra comercial con Rusia derivada de la invasión de Ucrania, y más cuando el clima este verano ha echado a perder cosechas irrecuperables en muchos países. «Las consecuencias del cierre hace unos días de la ruta del Mar Negro suponen un problema para la salida de los cereales de Ucrania, pero también para los mercados internacionales», señaló el ministro español, refiriéndose a África, Asia e Hispanoamérica.
El Consejo no ha puesto en contexto la acción de Rusia en Odesa, aunque reconoce las posibles consecuencias futuras. El comisario de Agricultura de la UE, el polaco Janusz Wojciechowski, ha indicado que «Rusia sacará provecho de esta situación y será más barato comprar cereal ruso que ucraniano».
El ataque, visto desde esa óptica, tiene sentido. Al eliminar Putin una de las vías de ingreso económicas de Ucrania y la UE, lo que pretende es situarse como principal socio comercial en estos mercados. Los misiles contra Odesa tienen más que ver con la geoeconomía que con la venganza, segñún sugieren algunos analistas.
De hecho, en este sentido, hoy ha comenzado en San Petersburgo la cumbre Rusia-África en la que el aumento de los intercambios comerciales es uno de los temas principales. La administración Biden, conocedora de esto, presiona «sin precedentes» a países africanos, según informa el Kremlin. Francia estaría haciendo lo propio con las antiguas colonias francófonas.
Posturas que limitan la competencia
Los cuatro pilares de la presidencia española son la reindustrialización de la UE, la garantía de su autonomía estratégica, el avance en la transición ecológica y la adaptación medioambienta. El papel todo lo aguanta, pero en la práctica cuadrar estos objetivos supone hacer malabares, en especial cuando Alemania, Francia, China o Estados Unidos tienen claro que la reindustrialización pasa por romper con el Acuerdo de París de no contaminación. Al menos en el corto plazo.
No existe ninguna tecnología que permita producir a niveles industriales sin contaminar. La energía menos contaminante es la nuclear –considerada como «energía verde» por la UE junto al gas–, pero los gobiernos más catastrofistas climáticos reniegan de ella forzando la dependencia de suministros extraeuropeos y, por lo tanto, reduciendo al mismo tiempo la autonomía estratégica.
La UE tiene como objetivo «reducir en un 11,7 % el consumo energético final para 2030», según ha detallado el ministro español. Las medidas a este respecto en el Consejo han encontrado la oposición de Polonia, Hungría y Finlandia, más por la forma que por el fondo, al considerar que la «base jurídica es errónea», en palabras del representante polaco.
Por otro lado, el camino de la descarbonización del sector pesquero –iniciativa conocida como «FuelEU Maritime»– va a limitar en gran medida la capacidad de la flota pesquera europea y, en especial, de la española ya que es la que más se puede ver afectada por la pendiente renovación del pacto pesquero Rabat-UE. Antes, España contaba con un caladero, el del Sáhara Occidental, que ahora ha desaparecido.
Injustas medidas de control
Mientras el Consejo de agricultura y pesca toma medidas cada vez más restrictivas a la hora de usar ciertos pesticidas y abonos en suelo europeo, los tratados de libre comercio con terceros no son tan exigentes. Esta postura genera un desequilibrio evidente a la hora de competir con determinados productos. Por parte europea, se presiona para reducir la producción; mientras, se aumenta la cuota de mercado de terceros países, lo que dificulta el control sanitario en aduanas.
El ejemplo más reciente de esta relajación aduanera es el de la presencia del plaguicida metomilo, un disruptor hormonal que puede provocar alteraciones en el sistema nervioso y digestivo. La Comisión Europea ha alertado de este hallazgo tras recibir un aviso de España mediante el Sistema comunitario de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rasff).
El sistema ha calificado la contaminación como «grave» pero, sin embargo, no se ha tomado ninguna medida. Según un informe publicado por la CE, en 2022 se registraron 990 notificaciones relacionadas con restos de pesticidas a través del sistema Rasff. Y según un análisis de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), más del 40 % de las frutas y verduras comercializadas en España tienen residuos peligrosos para la salud. Nuestro país, al formar parte de la UE y estar obligado a cumplir con requisitos sanitarios concretos, no es el principal sospechoso. Parte de esa contaminación llega de otros continentes, África o América, principales proveedores extracomunitarios de productos agrícolas.
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