Cómo es la vida en las cárceles cubanas: «El maltrato físico y psicológico son habituales»

El pasado 11 de julio de 2021 miles de ciudadanos cubanos salieron a las calles de todo el país para protestar pacíficamente contra el régimen comunista. El hambre, los cortes de electricidad, la falta de agua, salarios miserables y la falta de libertades fueron un cóctel que llevaba ya tiempo gestándose en toda Cuba.

El gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel –con Raúl Castro en la sombra– activó a todas sus fuerzas militares y policiales para reprimir a una población indefensa, cuyo único delito era manifestarse pacíficamente.

Como consecuencia de este levantamiento social, el régimen cubano encarceló arbitrariamente a cientos de jóvenes tras haberles hecho un juicio sin ninguna garantía. Según la versión oficial de los hechos, las protestas «atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad» del Estado socialista. Se calcula que todavía permanecen entre rejas cerca de mil cubanos, en su mayoría gente joven.

El Debate ha podido conversar con algunos de estos presos, algunos de los cuales ya cumplieron condena y describen para nuestros lectores cómo es la vida dentro de una prisión cubana, algunas de máxima seguridad.

Ian Ritchie, Técnico Agrónomo, es uno de los jóvenes que lideró una de las marchas pacíficas en Quivicán, uno de los 17 municipios de la nueva Provincia de Mayabeque, Cuba. El día 13 de julio de 2021 a las 16:00 horas fue detenido junto a su casa por una patrulla policial. Fue acusado de desorden público, invitación a delinquir, desacato y propagación de epidemia (por no llevar mascarilla por la Covid durante la manifestación). También detuvieron a su padre. Ambos acabaron en el centro penitenciario conocido como El Técnico de san José de las Lajas, en Mayabeque. «Jamás conocí a mi abogada», comenta Ian.

«Nos metieron en una celda de 3 metros de largo por dos de ancho donde estábamos cuatro personas. Había una luz encendida las 24 horas y no teníamos respiradero ni ventana. Era asfixiante e insalubre, teniendo en cuenta que además era la época de la Covid», recuerda Ian.

«Al enfermar de la Covid me llevaron a otra prisión, conocida como la antigua cárcel del Sida y me dejaron completamente solo en una celda, desde donde escuchaba los gritos de otros presos que estaban sufriendo torturas», señala el joven profesional. «Además, nos cambiaban los horarios del desayuno, almuerzo y cena para que no supiéramos en qué momento del día estábamos. También había veces que nos daban un tenedor para comer la sopa en lugar de una cuchara. Sopa y arroz era el menú más habitual», agrega Ritchie.

Uno de los objetivos de los carceleros es que los presos renieguen de su disidencia y digan en voz alta consignas a favor del régimen como «¡Viva Fidel!» o «¡Viva la revolución!» bajo la amenaza de ser golpeados si no repiten sus lemas. También sufren insultos diariamente al ser considerados como «gusanos», «escoria», «vende patria», «mercenarios», «traidores», etc.

El 31 de julio, sin ninguna explicación previa –lo mismo que en su detención-, a las 17 horas «decidieron sacarme de la cárcel y darme la carta de libertad», mientras cientos de amigos, familiares y desconocidos siguen entre rejas o en una especie de campos de reeducación, «en un régimen un poco más abierto pero igual de inhumano». Pero a Ian le ha salido cara la detención ya que ahora nadie le da trabajo, pese a su preparación profesional. «Aquí para tener un buen empleo debes pertenecer al Partido Comunista». Según el gobierno, «no me dan trabajo porque no soy confiable», explica.

César Adriam, manifestante en la localidad de Colón Martínez, fue detenido el 15 de julio de 2021. Es graduado en Informática y licenciado en Cultura Física (entrenador de Voleibol). En un primer juicio fue sentenciados a 4 años de prisión por «desorden público» y a otros 4 años por «desacato». Finalmente le cayeron 5 años de privación de libertad (3 por desorden público y 2 por desacato).

El 9 de marzo de 2022 la familia de César decidió utilizar la vía de apelación, pero las autoridades mantuvieron la misma condena. Roxana García, esposa de César y graduada en Maestría Primaria, explica que «mi marido se encuentra actualmente cumpliendo condena en la prisión de Agüica de Alto rigor y Máxima Seguridad –para presos con delitos de sangre, etc.–, donde el maltrato físico y psicológico son habituales».

Ahora mismo César está en una celda comunitaria de 7 metros de largo por 6 metros de ancho con otros 15 presos, cuando el máximo permitido son 12 personas. «Hace varios días que no tienen agua, los apagones son habituales, los teléfonos están rotos, no hay servicio de limpieza y el olor es insoportable», comenta su mujer.

César cuenta en un escrito que nos envía desde prisión que «los procesos jurídicos con todos los detenidos están siendo injustos y severos con el fin de darle una lección al resto del pueblo y decirles: A esto se enfrentan si vuelven a protestar».

Angélica (44 años) y María Cristina Garrido Rodríguez (42 años) son hermanas. Ambas viven en Quivicán. El 11 de julio de 2021 cometieron el ‘delito’ de marchar por las calles «pidiendo libertad para Cuba», nos cuenta un familiar.

Recuerda que «la manifestación fue extraordinariamente pacífica, iban juntos el pueblo y representantes del gobierno en el municipio». «Ese día no se rompió un vidriera, no se dobló una rama de árbol, parecía una fiesta, un carnaval, todo era alegría, era el sabor nuevo de la libertad», comenta.

Y no olvida el día de la detención de ambas. «Fueron abordadas por dos autos de policía y tres motos mientras iban a la compra», explica. «María Cristina es activista por los derechos humanos y conocedora de que estos animales le podían fabricar un delito estiró sus brazos como una invitación pacífica para ser esposada», agrega.

«Angélica, sin embargo, experta en estos asuntos políticos y represivos, se alejó unos pasos y gritó: ¡Quivicán, ayuda! Fue agarrada y golpeada contra el suelo sufriendo una lesión en el cráneo» añadió el familiar de las dos hermanas.

Después de unas horas fueron trasladadas al centro de investigación de San José de las Lajas, municipio cabecera de la provincia. Ambas empezaron una huelga de hambre. Al sexto día trasladaron a María Cristina a la oscura y antigua prisión de delincuentes con Sida. «Una vez allí un grupo de guardias la volvieron a lanzar y golpear contra el suelo, mientras se reían como hienas ante un festín», recuerda el citado familiar.

Pero ahí no acabó la cosa: una vez en el suelo le abrieron las piernas para ver su ropa interior manchada por la sangre menstrual». Después de la golpiza fue encerrada en una jaula de un metro de alto por uno de ancho. Pasados unos días, cuando ya no quedaba rastro de la tortura sufrida, pudo ver a su ‘abogada’. «¡Jamás recibió la visita de un médico o de una enfermera».

Finalmente de los 10 años de cárcel que pedía la fiscalía para Angélica quedaron reducidos a 3 años. El motivo: «Desacato y atentar contra la vida de cinco agentes policiales». A María Cristina le querían imponer 14 años de privación de libertad, pero finalmente fueron 7 años. La causa: «atentado y atentado con agravante».

Ambas mujeres firmaron con sangre, junto a otras 8 presas políticas, una carta para Miguel Díaz-Canel. Ahora han prohibido a toda la prisión recibir o enviar correspondencia alguna, lo que ha provocado un inevitable enfrentamiento entre las presas comunes y las de conciencia.

Y mientras todo esto sucede, los presos sueñan con poder acceder a un campo de reeducación (denominados «campamentos») en estado de semi libertad. «Ahí los abusos son peores», afirman los que han pasado por allí.