Miguel Díaz-Canel, heredero de la dictadura castrista
Cuba
«1077 familias cubanas están sufriendo un calvario indescriptible»
Ha sido más de un año de trabajo, una decena de juristas movilizados y un escrito de alrededor de 5.000 folios: así está constituida la demanda titulada «1.000 familias cubanas contra el Gobierno cubano» que la organización Prisoners Defenders (PD), cuyo presidente es el abogado Javier Larrondo, presentará próximamente ante Naciones Unidas. Está centrada en los «patrones estructurales violatorios del debido proceso y la defensa efectiva en el sistema procesal cubano».
En el acto de presentación, celebrado en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, también participó la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová. En opinión de la política checa, «no podemos ser espectadores de la tragedia» y «no vamos a parar hasta que Cuba sea un país democrático». De momento constata que la «dictadura comunista siguen encarcelando a sus propios ciudadanos».
Una realidad sobre la que Larrondo centró su intervención, situando como punto de inflexión las revueltas democráticas que asolaron la isla durante una decena de días a partir del 11 de julio de 2021. Según el letrado, antes de esa fatídica fecha, «había en Cuba entre 135 y 150 presos políticos», que solían ser «periodistas independientes, intelectuales disidentes y activistas de Derechos Humanos».
Desde el 11 de julio de 2021 se han emitido más de 11.000 sentencias condenatorias, incluidas condenas predictivas: «A la cárcel por si acaso»
Desde entonces, se han emitido más de 11.000 sentencias condenatorias, incluidas condenas predictivas que, según el Código Penal vigente en Cuba, se aplican cuando se observa una conducta contraria a la «moral socialista», por lo que sus autores serían proclives a cometer un delito en el futuro. «A la cárcel por si acaso», ironizó Larrondo, antes de afirmar que, mediante ese sistema de «predicción sin delito, ni en grado de tentativa, cientos de miles de jóvenes han pasado de uno a cuatro años de prisión».
410 menores sufren prisión, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años y 150, 15 años o menos
El presidente Prisoners Defenders ofreció cifras muy preocupantes, procedentes del Comité para los Derechos del Niño de Naciones Unidas: en Cuba, 410 menores sufren prisión, de los cuales 260 tienen 16 o 17 años y 150, 15 años o menos. Un dato que abarca a los delitos comunes y políticos. En relación con los condenados por el 11-J, Larrondo determinó en 17 el número de menores acusados y condenados, en general por un delito de sedición, «cuando son de diferentes provincias y nunca ha habido contacto entre ellos; menuda sedición».
Siguiendo con las consecuencias del 11-J, todos los procedimientos contra los manifestantes «siete características violatorias de derechos fundamentales, siendo la principal el hecho de que todas las víctimas fueron enviadas a prisión, no por un juez, sino por policías y fiscales, es decir, la parte acusadora».
En la actualidad, el número de condenados en sentencia firme –muchas veces comunicadas, en contra de cualquier derecho, oralmente– por participar en las revueltas asciende a 1077. «Están pasando un calvario indescriptible», concluyó Larrondo.
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