János Bóka, ministro húngaros de Asuntos Europeos, atiende a los medios en la sede del Consejo Europeo en Bruselas
Estado de derecho
Hungría contradice a la UE y asegura que ha completado la reforma judicial para desbloquear fondos
Budapest lleva tiempo en el punto de mira de la Comisión por incumplir las normas fundamentales, según aseguran desde Bruselas
La batalla entre Bruselas y Budapest ha tenido varios frentes pero el más importante, y el que más afecta al país magiar, es el económico ya que la Comisión todavía bloquea más de 22.000 millones de euros en fondos europeos que todavía no ha recibido.
Este miércoles, el ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Bóka, ha dado por completada la reforma judicial exigida que le permitiría acceder de una vez por todas a dichos fondos. La Comisión recela de los cambios y ha pedido más información al respecto.
«En nombre del Gobierno húngaro, informaré a mis colegas sobre la implementación del paquete judicial en Hungría, que consideramos completo», dijo el titular húngaro de Asuntos Europeos a su llegada al Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Bruselas y analizará la situación del Estado de derecho en este país.
Un Estado de derecho que no parece preocupar por el momento en España, a pesar de las decenas de comunicados de organismos judiciales y sindicatos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es más, se ha señalado a España por proteger a Hungría más de lo habitual porque se entiende que Pedro Sánchez no quiere que se ponga el foco en la situación española.
Bruselas recela
El mensaje húngaro no coincide con el diagnóstico del Gobierno europeo. El pasado martes señaló que aún no había tenido respuesta a su última petición del pasado 1 de noviembre.
La Comisión Europea cree, por el momento, que «las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes» para liberar, entre otros pagos, los 6.300 millones de euros en fondos regionales para Hungría que los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea decidieron congelar en diciembre del año pasado por el riesgo para el presupuesto comunitario.
Aun así, reconocen que Budapest ha realizado algunos avances. En total, Bruselas mantiene congelada la entrega a Budapest de 22.000 millones de euros en fondos de cohesión comunitarios mientras no se demuestre que el Gobierno húngaro garantiza que los programas para utilizarlos respetan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
A esa cifra se suman 5.800 millones de euros del fondo de recuperación por la pandemia, aprobado por la UE pero con el desembolso de la ayuda condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses.
Esta situación no es comparable a ninguna otra dentro de la Unión Europea. La violación sistemática del Estado de derecho en España durante la última legislatura socialista no ha recibido ni una sola crítica desde organismos comunitarios, ni siquiera cuando sometió al país a dos encierros declarados inconstitucionales.
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