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29 de abril de 2024

El primer ministro francés Gabriel Attal habla durante una visita a una granja en Montastruc-de-Salies, suroeste de Francia

El primer ministro francés, Gabriel Attal, durante una visita a una granja en Montastruc-de-Salies, suroeste de FranciaAFP

Francia

El Ejecutivo francés culpa a España de «competencia desleal» en medio de las fuertes protestas agrícolas

Muchos de los manifestantes se han quejado de la entrada de productos de nuestro país, ya que consideran que sus estándares medioambientales son peores que los franceses

Los agricultores franceses amenazan con bloquear París. Al igual que ya hicieron sus colegas en Países Bajos, Rumanía o Alemania, los agricultores franceses se han plantado frente al Ejecutivo de Emmanuel Macron y han protagonizado multitudinarias protestas por los recortes a los subsidios agrícolas y la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.
El recién nombrado primer ministro de Francia, Gabriel Attal, en un intento por apaciguar a los agricultores anunció, el viernes, una batería de medidas para aliviar la carga financiera y las trabas burocráticas que sufre el sector. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes. Las manifestaciones y los cortes de carreteras se han mantenido.
El Ejecutivo de Macron ha asegurado que habrá nuevas medidas y, a la desesperada, ante el inminente bloqueo de la capital francesa, ha acusado de «competencia desleal» a los socios de la UE como España e Italia. En la tarde del domingo, Attal hizo hincapié en los conceptos de «independencia» y «soberanía» y cuestionó el funcionamiento de la Unión Europea.
«Vamos a seguir avanzando para luchar contra la competencia desleal. A nuestros agricultores se les imponen reglas (fitosanitarias) que a otros (países) no», criticó Attal, en una alocución pronunciada poco después de visitar una explotación agrícola en Indre-Loire.
El jefe de Gobierno mencionó que al menos 40 % de las frutas y verduras se importan (sobre todo de España e Italia) por el freno productivo que supone para Francia ciertas reglas medioambientales adoptadas en su legislación y aseveró que propondrá a sus socios comunitarios «más medidas» para blindar la soberanía alimentaria francesa.
Las declaraciones de Attal, que integra un gobierno considerado pro-UE, llaman la atención, pues, –a falta de que se perfilan esas nuevas medidas– podrían poner en cuestión el propio funcionamiento del mercado único del bloque comunitario.
No obstante, en una entrevista al canal BFMTV, el ministro de Agricultura de Francia, Marc Fesneau, descartó «un cierre de fronteras» para productos españoles o italianos como ha demandado por ejemplo, la formación Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, porque sería contraproducente para la propia industria agrícola francesa si los países vecinos hacen lo propio.
Durante los más de diez días que se extiende esta revuelta, muchos de los manifestantes se han quejado de la entrada de productos agrícolas llegados especialmente de España, pues consideran que representan una competencia desleal por su bajo precio y que sus estándares medioambientales son peores que los franceses.
Poco antes de su discurso, Attal acudió de nuevo a una explotación agrícola con la esperanza de desactivar una protesta que había dado los primeros signos de desinflarse el sábado.
Pero ni la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) ni la de Jóvenes Agricultores (JJAA) de la región parisina han dado su brazo a torcer y han anunciado que van a bloquear los accesos a la capital «de manera indeterminada» a partir de este lunes.
Otra organización, Coordinación Rural, aseguró que viajarán a París con la meta de bloquear el mercado internacional de Rungis (afueras), considerado el mayor de productos frescos en el mundo.
El Ejecutivo ha asegurado que no tiene intención de enviar efectivos policiales para disipar las protestas, que juzga pacíficas aunque se bloqueen infraestructuras públicas.
De momento, se han registrado esporádicos episodios de violencia, como la quema de la fachada de la delegación del Gobierno en la ciudad de Agen (sur de Francia) el pasado miércoles.
El viernes otros dos edificios públicos resultaron calcinados por los manifestantes: el de la Mutualidad Social Agrícola en Narbona (sur) y el de las Aduanas en Nimes.
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