Meloni modifica su plan de centros de inmigración en Albania para evitar el bloqueo judicial

Giorgia Meloni ha construido buena parte de su identidad política sobre una promesa: frenar la inmigración irregular. En este sentido, su plan más ambicioso, los centros de acogida en Albania, ha encontrado un obstáculo insalvable en los tribunales italianos. Lo que en un principio se presentó como una solución innovadora para gestionar la crisis migratoria ha terminado transformándose en un enredo legal que obliga a la primera ministra a reformular su estrategia para evitar que las instalaciones en Gjader y Shengjin se conviertan en símbolos de un fracaso político.

Por lo tanto, lo que ha decidido la dirigente italiana es que, en lugar de servir como estaciones de clasificación y detención de inmigrantes recién rescatados en el Mediterráneo, los centros en Albania pasarán a ser Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR), es decir, solo albergarán a personas con orden de expulsión. Esta modificación responde a la imposibilidad de acelerar los procedimientos de repatriación desde territorio albanés, tal como lo había diseñado el Gobierno, debido a la falta de respaldo judicial y a los límites impuestos por la normativa europea.

El problema de fondo es que la estrategia de Meloni choca con principios jurídicos sólidos tanto en Italia como en la Unión Europea. La sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del pasado octubre establece que un país solo puede ser considerado «seguro» si lo es de manera homogénea en todo su territorio y para todos sus ciudadanos, criterio que contradice la lista de 19 países aprobada por el Gobierno italiano. Esto ha provocado que jueces italianos hayan rechazado las deportaciones de inmigrantes procedentes de Egipto y Bangladesh, cuyas condiciones de derechos humanos son cuestionadas.

En este contexto, el Ejecutivo italiano intenta una reinterpretación administrativa de los centros en Albania, sugiriendo que sean considerados extensiones del territorio italiano. Sin embargo, el protocolo firmado con Tirana no contempla esta posibilidad, lo que añade incertidumbre sobre la viabilidad legal de la reforma.

En paralelo, Italia presiona en Bruselas para adelantar la aplicación del Pacto Europeo de Asilo e Inmigración, prevista para 2026, y busca que la Comisión Europea respalde la idea de externalizar la gestión migratoria en terceros países. Ursula von der Leyen ha mostrado apertura a esta propuesta, y una directiva de repatriación podría estar sobre la mesa en marzo. Sin embargo, la viabilidad de estos planes dependerá de si Meloni logra o no que su modelo en Albania funcione.

Por ahora, la oposición italiana no ha perdido la oportunidad de señalar el estancamiento del proyecto. Desde el Partido Democrático, Simona Bonafè ha calificado el plan como una «locura institucional» que está generando un conflicto de poderes sin precedentes y un despilfarro de recursos. Y es que, hasta ahora, todos los inmigrantes trasladados a Albania han sido devueltos a Italia por orden judicial.

El dilema de Meloni es claro: si insiste en su estrategia sin solucionar los problemas legales, corre el riesgo de una crisis institucional con los tribunales y la UE. Si cede demasiado, puede perder credibilidad ante sus votantes. Por ahora, su plan Albania se tambalea en un equilibrio precario entre la necesidad de resultados y los límites del derecho.