La Fiscalía surcoreana imputa al expresidente Moon Jae-in por presunto soborno vinculado al empleo de su exyerno

La Fiscalía de Corea del Sur ha presentado cargos formales contra el expresidente Moon Jae-in, quien gobernó el país entre 2017 y 2022, por su presunta implicación en un caso de soborno relacionado con la contratación del exmarido de su hija en una aerolínea de bajo coste.

Según la acusación, Moon habría aceptado de forma indirecta beneficios económicos a través de la remuneración percibida por su entonces yerno, de apellido Seo, quien fue nombrado director ejecutivo de la aerolínea Eastar Jet en 2018. Esta compañía fue fundada por el exparlamentario Lee Sang-jik, quien también enfrenta cargos por soborno y malversación de fondos. Los investigadores sostienen que la incorporación de Seo a un cargo de alta dirección, a pesar de su escasa experiencia en el sector de la aviación, se produjo como contrapartida a la designación de Lee como director de la Agencia para Pequeñas y Medianas Empresas y Startups.

Las pesquisas apuntan a que la familia del exmandatario habría dejado de recibir apoyo económico de Moon a partir del momento en que Seo comenzó a trabajar para la aerolínea. La fiscalía interpreta esta secuencia como un indicio de que los más de 220 millones de wones surcoreanos —equivalentes a unos 152.000 dólares— que percibieron Seo y Da-hye, hija del expresidente, en forma de salario y otros conceptos, constituyen una forma de retribución ilícita encubierta.

Este caso se inscribe en un contexto institucional especialmente delicado en Corea del Sur. La acusación contra Moon se produce en medio de una crisis política sin precedentes, marcada por la reciente destitución del presidente Yoon Suk-yeol. Este fue cesado por el Tribunal Constitucional a comienzos de abril, después de que, el pasado 3 de diciembre, decretara la ley marcial, sumiendo al país en una situación de caos y alarma institucional.

El proceso judicial abierto contra Moon no solo añade tensión a la ya frágil escena política surcoreana, sino que también reabre el debate sobre la rendición de cuentas de los expresidentes, en un país donde varios exjefes de Estado han enfrentado investigaciones judiciales tras dejar el cargo.