El organismo de defensa de la Constitución de Alemania encasilla a la AfD en una «extrema derecha» a vigilar

Alternativa por Alemania vive días de gloria en el electorado y de preocupación en el Ministerio del Interior y los servicios de Inteligencia. La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV, por sus siglas alemanas y eufemismo de espionaje) ha declarado que esta formación no respeta los principios básicos de la democracia, que es racista, que mantiene conductas contrarias a la Constitución y que, a partir de ahora, va a estar bajo vigilancia.

El principal partido de la oposición y el segundo más votado en las elecciones del pasado mes de febrero, con un 20 % de respaldo, ya tenía esta denominación en diferentes estados de Alemania, pero desde que se alzara como el segundo más votado en las urnas, los servicios de Inteligencia y otras instancias de Interior del actual gobierno pusieron en marcha la maquinaria para marginarle.

El objetivo es quitarle votos, pero los sondeos advierte que estas medidas tienen el efecto inverso.

AfD no es compatible con el orden democrático básicoInforme de la BfV, siglas del servicio de inteligencia alemán

Según la BfV, Alternativa por Alemania es un «caso seguro de extremismo de derechas», pero esa identificación no tendría mayor importancia sino fuera por la que sigue a continuación. Según el informe, de más de mil páginas, «la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico». Para este organismo oficial, la AfD «pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución».

Los argumentos que expone para defender esa concepción son «el gran número de declaraciones antiextranjeras, antiminorías, antiislam y antimusulmanas» de los dirigentes del partido.

Ironías de la historia, la cabeza de la AfD, Alice Weidel es lesbiana y tiene varios hijos con su pareja, Sarah Bossard, una directora de producción de cine y televisión originaria de Sri Lanka.

«El factor decisivo para nuestra valoración es la concepción étnica y basada en la ascendencia que tiene la AfD del pueblo, que devalúa a grupos enteros de población en Alemania y viola su dignidad humana», declaró la vicepresidenta de la BfV, según recoge la agencia EFE.

«Esta concepción del pueblo –añade– se concreta en la postura general antiinmigrantes y antimusulmana del partido», insistió.

Alice Weidel y Tino Chrupalla, los dos líderes del partido, afirmaron en un comunicado que el objetivo es descalificar y desacreditar a una formación que es la principal fuerza de la oposición y a la que algunas encuestas sitúan como primera en intención de voto.

La AfD califica el informe de «duro golpe a la democracia»

«La decisión de hoy de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución es un duro golpe a la democracia de Alemania en su conjunto. En las actuales encuestas AfD va en cabeza como primera fuerza. Al Gobierno solo le quedan cuatro días en el cargo», destacaron.

Lo cierto es que el informe que demoniza a la AfD se difunde apenas unos días antes de la investidura de Friedrich Merz que está prevista para este miércoles y Alice Weidel y Tino Chrupalla no se equivocan cuando advierten que los están «desacreditando públicamente y criminalizando».

Weidel y Chrupalla aseguran que esta «intervención» en el proceso político democrático tiene una intencionalidad «clara y políticamente motivada». Asimismo, añaden que AfD seguiría defendiéndose jurídicamente contra lo que ambos consideran difamaciones.

Podrían ilegalizar el partido

La ministra del Interior en funciones, la socialdemócrata Nancy Faeser, defendió la decisión de la BfV al referirse a ella en un comunicado como una «evaluación clara e inequívoca». Retórica aparte, la decisión de la BfV se traduce a efectos prácticos en que las autoridades están habilitadas para aumentar la vigilancia del partido a nivel nacional, hacer escuchas de sus comunicaciones y, en definitiva, tratarle como si estuviera al margen de la ley. Asimismo, corre el riesgo de ser ilegalizado.

Dicho de otro modo, el ministerio de Interior y su servicio de Inteligencia consideran la AfD –prorruso, antieuropeo y en contra del euro– un peligro para la democracia, justo lo contrario que ese 20 % de votantes que le dieron su confianza el 23 de febrero en las urnas.