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Crece la tensión entre la Trump y California tras el envío de otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Crece la tensión entre la Trump y California tras el envío de otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los ÁngelesAFP

Crece la tensión entre la Trump y California tras el envío de otros 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles

La administración Trump despliega cerca de 5.000 efectivos sin el respaldo del gobernador Newsom, quien denuncia una vulneración del orden constitucional y un uso improcedente de las fuerzas militares

El Gobierno del presidente Donald Trump ha incrementado notablemente la presencia militar en Los Ángeles con el despliegue de otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California, lo que eleva el total a cerca de 5.000 soldados movilizados en la ciudad. Esta decisión, adoptada sin la autorización del gobernador Gavin Newsom, ha intensificado el enfrentamiento institucional entre el Ejecutivo federal y el gobierno estatal, así como con organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Fue el propio gobernador quien, a través de sus redes sociales, dio a conocer la noticia tras haber sido informado por la Casa Blanca. Newsom expresó su indignación por una medida que calificó de innecesaria, arbitraria y carente de fundamento legal. En su mensaje, denunció las condiciones precarias en las que se encuentran los soldados ya desplegados, muchos de ellos inactivos, hacinados en edificios federales, sin órdenes claras ni suministros básicos como agua y alimentos.

«El despliegue no tiene que ver con la seguridad pública; responde al deseo del presidente de alimentar su ego. Es imprudente, innecesario y una falta de respeto a nuestras tropas», afirmó el mandatario estatal, visiblemente molesto ante lo que considera una imposición autoritaria.

La tensión entre ambos niveles de gobierno escaló desde que el pasado sábado Trump anunciara el envío inicial de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional sin contar con la aprobación del gobernador, autoridad que según la normativa constitucional tiene el control sobre dichas fuerzas en tiempos de paz. Se trata de una actuación sin precedentes en las últimas seis décadas, y que ha reabierto el debate sobre los límites de la intervención federal en asuntos estatales.

A la Guardia Nacional se sumará próximamente un contingente de aproximadamente 700 marines

A la Guardia Nacional se sumará próximamente un contingente de aproximadamente 700 marinesAFP

En respuesta, el fiscal general de California, Rob Bonta, interpuso una demanda contra la Administración Trump, argumentando que la decisión vulnera la Décima Enmienda de la Constitución, la cual establece la soberanía de los estados sobre competencias no delegadas explícitamente al Gobierno federal. «Este uso abusivo del poder federal amenaza la estructura misma del federalismo estadounidense», sostuvo Bonta en un comunicado.

A la Guardia Nacional se sumará próximamente un contingente de aproximadamente 700 marines, según informó el Departamento de Defensa. Estas tropas tendrán como misión resguardar infraestructuras y personal federal ante las crecientes protestas ciudadanas por las redadas migratorias ejecutadas en las últimas semanas. El Pentágono detalló que los marines se integrarán con los soldados ya desplegados en la protección de instalaciones estratégicas del área metropolitana de Los Ángeles.

Actualmente, solo un pequeño grupo de efectivos resguarda el complejo federal del centro de la ciudad, donde se encuentran el centro de detención de inmigrantes, oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y cortes de inmigración. Estas dependencias permanecieron cerradas al público este lunes, en lo que fue el cuarto día consecutivo de manifestaciones. Aunque la jornada fue más reducida en cuanto a participación y transcurrió sin incidentes hasta la tarde, el clima social sigue marcado por una profunda inquietud.

El despliegue militar en una ciudad densamente poblada como Los Ángeles, sin coordinación con las autoridades locales, representa un episodio de alto voltaje político y jurídico que amenaza con agravar las divisiones entre el Gobierno federal y los estados que cuestionan su enfoque en materia de inmigración y orden público.

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