Un juez federal bloquea el decreto de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento

En un nuevo giro en la batalla legal por la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un juez federal en New Hampshire ha bloqueado este jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar este derecho constitucional para los hijos de inmigrantes indocumentados.

El fallo, emitido por el juez Joseph N. Laplante desde el estrado y aún pendiente de su versión escrita formal, se aplicará a nivel nacional. Lo hizo tras aceptar que el caso, presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), puede tramitarse como una demanda colectiva que representa a todos los niños nacidos en Estados Unidos desde el 20 de febrero de este año, cuyos padres se encuentran en situación migratoria irregular.

La decisión marca un importante obstáculo judicial para la Administración Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha puesto la inmigración en el centro de su agenda política, incluyendo una reinterpretación radical de la Decimocuarta Enmienda, que desde 1868 garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

Aunque el juez Laplante —nombrado por George W. Bush— ha concedido una pausa de siete días para permitir al Gobierno apelar la decisión, su fallo vuelve a detener temporalmente la aplicación del decreto presidencial. La Casa Blanca no tardó en criticar la medida, calificándola de «activismo judicial disfrazado».

¿Cómo convive esto con el fallo del Supremo?

Aunque el Tribunal Supremo dictó el mes pasado que los jueces federales no pueden imponer bloqueos nacionales a decisiones del Ejecutivo de forma automática, el juez Laplante ha sorteado esa limitación estructurando el caso como una demanda colectiva (class action). Según expertos constitucionalistas, este formato sigue siendo una vía válida y eficaz para frenar políticas federales con efectos amplios, incluso tras el reciente cambio doctrinal del alto tribunal.

El fallo del Supremo no resolvió la constitucionalidad del decreto de Trump sobre la ciudadanía, sino que se centró en limitar el alcance de las medidas cautelares judiciales. Sin embargo, al aceptar este caso como una demanda colectiva, el juez ha utilizado uno de los últimos resquicios legales que permiten bloquear una orden ejecutiva a escala nacional, al menos temporalmente.

Desde hace más de un siglo, la interpretación predominante de la Decimocuarta Enmienda ha sido clara: nacer en Estados Unidos implica ciudadanía automática, salvo contadas excepciones como los hijos de diplomáticos extranjeros. La orden ejecutiva de Trump intenta revertir esa doctrina, argumentando que quienes están en el país sin autorización no están «sujetos a la jurisdicción» estadounidense, un punto de vista que no ha sido avalado hasta ahora por ninguna corte federal de alto nivel.

La ACLU ha advertido en su demanda que aplicar el decreto presidencial podría dejar a miles de niños apátridas, sin acceso a derechos básicos ni reconocimiento legal. Ahora comienza una nueva ronda de apelaciones que muy probablemente terminará, una vez más, en el Tribunal Supremo.