La contradicción, o estrategia, de EE.UU. con Chevron y el Cartel de los Soles

El anuncio de que Estados Unidos autorizará una Licencia Específica para permitir el retorno de Chevron a Venezuela, generó incertidumbre y abrió una serie de interrogantes sobre el rumbo de la política norteamericana hacia el régimen venezolano.

La medida fue interpretada inicialmente, como un posible primer paso hacia una política de normalización de las relaciones entre ambos países, incluyendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Al mismo tiempo, el pasado 25 de julio, el gobierno norteamericano a través de la OFAC, declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista. Al respecto afirmó que: «el cartel de los soles corrompió las instituciones gubernamentales de Venezuela, incluyendo partes del Ejército, el aparato de inteligencia, el Poder Legislativo y el judicial para facilitar el narcotráfico hacia Estados Unidos que ha convertido a Venezuela en una organización para la criminalidad hemisférica y global».

No sorprende que Washington relacione formalmente al Cartel de los Soles con el Cartel de Sinaloa y otras organizaciones terroristas, pues es el reconocimiento oficial de una vinculación criminal entre carteles que ha sido muy bien documentada.

La designación de Maduro y el Cartel de los Soles es una demostración del poder que tienen los funcionarios de línea dura en la administración Trump, presidida por el secretario de Estado Marco Rubio, por sobre la narrativa de los llamados pragmáticos del grupo MAGA.

Sin duda, la designación como organización terrorista aprobada, es una medida que tendrá muchas consecuencias negativas para el régimen. Pero también se trata de una medida que está, aparentemente, en abierta contradicción con la licencia que supuestamente se va a autorizar en breve a Chevron.

¿Qué implica esta designación como organización terrorista? Lo primero es que abarca no solo a los alto jerarcas del gobierno de Maduro (Diosdado, Vladimir Padrino y a todo el alto mando de las Fuerzas Armadas bolivarianas), sino también a sus entornos familiares, así como a toda empresa, persona o institución que se relacione con ellos, dentro y fuera de Venezuela (bancos, empresas privadas, operadores y testaferros).

Los efectos de la medida también se aplican a los funcionarios civiles que son operadores políticos claves. Esto incluye a personajes como Delsy y Jorge Rodríguez, al canciller del régimen Iván Gil y al fiscal del régimen Tarek William Saab, así como a las juntas directivas de las instituciones del Estado, (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Procuraduría General de la República) pues se les considera actores fundamentales dentro de la estructura del cartel.

En términos operativos, esta designación incluye acciones derivadas: la primera es el establecimiento de una lista con los nombres de todos los funcionarios civiles y militares, y de sus familiares, sobre los cuales se impondrán sanciones financieras y congelamientos de activos, como se ha hecho contra organizaciones terroristas como el cartel de Sinaloa, Al Qaeda, el Estado Islámico, Hezbolá y las FARC, entre otras.

La segunda, es el inicio de acciones legales y persecución judicial que podrían terminar con la presentación de cargos criminales y la ampliación del programa de recompensas contra miembros claves del cartel de los soles que todavía no han sido acusados criminalmente.

El tercer tipo de medidas, implica acciones de mayor alcance y peligro para el gobierno, con operaciones de inteligencia y contra terrorismo, como las ya realizadas y podría intensificar la vigilancia electrónica y satelital sobre Venezuela para rastrear las operaciones del cartel, incluyendo sus rutas de narcotráfico y conexiones con otras organizaciones terroristas en la región.

A su vez, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, podría realizar operaciones clandestinas para desmantelar redes logísticas e instalaciones estratégicas del cartel como se ha hecho con las redes del narcotráfico en Colombia y México, lo cual incluye la infiltración de agentes o el uso de informantes que están dentro del cartel y hasta ataques selectivos.

Podría también considerar ataques con drones contra instalaciones o líderes clave del cartel en territorio venezolano, como han hecho en Irán, Pakistán o Yemen, o alianza de países para constituir una fuerza de tarea multinacional que podría participar también en este tipo de operaciones o contra aliados del régimen, como Cuba.

La cuarta medida esperable es una campaña de información que desvele las actividades y los crímenes cometidos por el Cartel de los Soles para profundizar la deslegitimación del régimen. Esto incluye la desclasificación de informes secretos y de inteligencia e incluso detalles de casos criminales actualmente en cortes federales de Estados Unidos, como el que se le sigue, por ejemplo, a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.

Y, finalmente, no es descartable entre los escenarios posibles, una última medida como la intervención militar directa (tipo Irak, Afganistán o Panamá), aunque se trata de una acción que no goza de mucha aprobación y es considerada como improbable por los pragmáticos de MAGA que no quieren nuevas guerras. No obstante, si podría considerarse prestar apoyo a organizaciones opositores dentro de Venezuela, a través de financiamiento e incluso entrenamiento de combate para enfrentar el régimen y hasta a grupos extranjeros privados como el de Erik Prince, para acciones encubiertas.

Cuando se mira la «Licencia Específica» que se propone otorgar a Chevron para que vuelva a operar en Venezuela, en este contexto, surge la duda de si se trata de una mera concesión conciliadora y un intento de «normalización de las relaciones», o es parte de una estrategia en la que se prevé un pronto o inminente «cambio de régimen» y como elemento de un «Plan de Acción» que permita estar preparados para una rápida reactivación de la producción petrolera en beneficio del nuevo gobierno con Edmundo González y María Corina Machado al frente.

Está claro, sin embargo, que mientras eso ocurra, la operatividad de Chevron estaría comprometida y seguiría generando controversias, pues no es fácil comprender como el Departamento del Tesoro aprueba la designación del Cartel de los Soles como organización terroristas y al mismo tiempo, autoriza a una empresa norteamericana como Chevron a negociar y a trabajar con él. Incluso si Chevron no le proporciona recursos financieros en dinero al régimen, y termine pagando con barriles de crudo (unos 150 mil barriles diarios), es previsible que el gobierno los venda a China, que es actualmente su mayor cliente petrolero.

Mientras se aclara el asunto, todos esperamos que se trate de un nuevo escenario dentro de la política de «presión máxima» de la administración Trump contra el régimen venezolano.