La criminalidad en Cuba asciende de forma imparable

El mito de Cuba, país dictatorial, pero seguro para sus ciudadanos y sin riesgo para los turistas, empezó a esfumarse hace ya algunos años. Sin embargo, el último informe sobre Criminalidad del Observatorio de Auditoría Ciudadana (Ocac), al que ha tenido acceso El Debate, lo pulveriza definitivamente: la entidad basada en Miami concluye nada menos que en los primeros seis meses de 2025 se verificaron más delitos que en todo 2024 y el doble de los registrados en 2023.

Conviene, de todas formas, aclarar la metodología utilizada por el Ocac: basada en la triangulación de fuentes para minimizar errores y descartar casos no confirmados. Sin embargo, debido a la opacidad de las estadísticas oficiales y al hecho de que no todos los delitos se hacen públicos, sus autores admiten que «las cifras presentadas constituyen un subregistro del fenómeno, pues reflejan únicamente la parte visible de una problemática mucho más extensa y profunda». Más claro, el agua. Con todo, según declara a este periódico el ensayista Juan Antonio Blanco, que ha participado en la autoría del informe, «nos hemos asegurado de que cada dato esté verificado».

La principal innovación de este primer informe semestral de 2025 –se publicará otro a finales de año– es la inclusión, a modo de categoría independiente, de los delitos relacionados con el tráfico, distribución o consumo de drogas. Esta calificación específica se debe al agravamiento de la situación en esta materia.

Las cifras hablan por sí solas: 198 casos registrados en los seis primeros meses de 2025, de los cuales diez reportes en enero, 26 en febrero, 50 en marzo y un pico de 60 en abril, para luego descender a 22 en mayo y repuntar a 30 en junio. Por otra parte, la distribución territorial muestra una concentración abrumadora en La Habana, que acumula 109 casos (más de la mitad del total). Le siguen Las Tunas con 18 y Camagüey con 15. Participaron en la comisión de estos delitos «por lo menos 256 personas», según el Ocac. La «famosa lucha» contra la presencia de droga en Cuba, tan potenciada por la propaganda oficial durante años, se desmorona.

Precisamente, la negación de la realidad, o su gruesa manipulación, se ha convertido en una constante de las autoridades cubanas: el 31 de julio, hace exactamente un mes, durante una reunión del Grupo para la Prevención y Enfrentamiento al Delito, en la que se evaluó el comportamiento de los indicadores vinculados a la criminalidad en el semestre comprendido entre enero y junio de 2025, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, afirmó que «la tendencia es a la baja, pero los indicadores siguen siendo elevados». Como si estuviese engañando no solo a la ciudadanía, sino también a sí mismo.

Su contradicción queda en entredicho, como mínimo, al detenerse en robos. En el primer semestre de 2025 se reportaron 721 robos en Cuba, «lo que representa el delito de mayor incidencia en el período y un promedio de cuatro casos diarios», según el informe. El desglose indica que marzo fue el mes con mayor número de casos detectados, con un total de 142, seguido por febrero (124), enero (118), mayo (119), abril (114) y junio (104). Las provincias más afectadas fueron Matanzas (143 casos), Las Tunas (101) y Santiago de Cuba (94).

Dentro de este capítulo, llaman la atención los delitos de robo y sacrificio de ganado, en un país en el que la agricultura sigue siendo un sector esencial. 193 robos estuvieron vinculados al hurto y sacrificio de ganado, 266 afectaron a propiedad privada y 140 a propiedad estatal. Para el Ocac, «la elevada cifra de incidentes relacionados con ganado muestra cómo la urgencia por conseguir alimentos en medio de la crisis económica se convierte en un motor directo de este tipo de actos delictivos».

También se ha agravado la situación de los delitos de agresiones y asaltos a personas, 61 en total, con participación predominantemente masculina, 105 hombres y una mujer. En cuanto a las víctimas, fueron 26 hombres, 22 mujeres, entre los que destacan nueve menores y siete ancianos, «lo que evidencia que este tipo de delitos afecta de manera importante a sectores vulnerables». Según explica Blanco a El Debate, «lo que hay es una negligencia del Estado respecto del orden público y no es porque las autoridades no hayan comprado tecnología policial: en China, por ejemplo, han comprado cámaras y aparatos de reconocimiento facial». ¿Entonces? «Esos recursos los dedican a perseguir a opositores políticos y no a la delincuencia».