Portadas del New York Times el día después de la condena simbólica a Trump
Demandas, vetos y despidos: las claves de la purga de Trump contra los medios de comunicación
«Solo hablan mal de mí», afirmaba, taciturno, el presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo del Air Force One. El republicano, al mando de un país que siempre ha presumido de la libertad de expresión –su himno nacional recita aquello de the land of the free and the home of the brave– ha empezado ahora una cruzada contra los medios de comunicación donde incluso ha amenazado con quitarles el permiso a aquellos programas donde se le critique.
La polémica viene a raíz de la cancelación, esta misma semana, del programa de Jimmy Kimmel, uno de los late night más populares del país y en emisión desde hace 20 años, como consecuencia de unas declaraciones del presentador sobre la reacción de los simpatizantes de Trump a que el asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, sea de un hogar mormón, republicano y amante de las armas –aunque la madre de Robinson afirmó que su hijo se había «escorado» hacia la izquierda–.
Sin embargo, como siempre, hay mucho que rascar detrás del despido de Kimmel. La decisión no se explica sin la presión directa de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y nombrado por Trump en su regreso a la Casa Blanca. Carr, en estos meses, se ha convertido en el brazo ejecutor de la ofensiva de Trump contra los medios y ya fue él quien advirtió a la cadena de que habría consecuencias si no tomaba medidas, quien sugirió públicamente que el Gobierno podría intervenir y quien definió las licencias de emisión como un «privilegio» condicionado al «interés público». En definitiva, abrió la puerta a que la disidencia mediática pudiera castigarse con sanciones económicas o directamente con la pérdida del permiso para operar.
Por eso, muchos analistas creen que el caso de Kimmel es solo la punta del iceberg. Trump ya había celebrado hace semanas la salida de Stephen Colbert, y ha señalado a otros presentadores como Seth Meyers o Jimmy Fallon como objetivos de futuras represalias. No solo contra los late night, sino que el presidente también ha presentado una demanda a The New York Times por publicar informaciones negativas sobre él, otra a The Wall Street Journal por desvelar la existencia de un dibujo relacionado con el caso Epstein y vetó a la agencia de noticias Associated Press su entrada en el Despacho Oval.
El terrible asesinato de Charlie Kirk ha dado a la Administración un pretexto para endurecer aún más su discurso contra la prensa. Trump y su vicepresidente, J. D. Vance, han insistido en que los medios y quienes «celebraron» la muerte del activista son responsables de un clima de odio que, según ellos, debe combatirse con nuevas restricciones. La fiscal general, Pam Bondi, llegó a plantear la creación de un delito de «discurso de odio», una figura inexistente en la legislación estadounidense y que, según juristas, sería incompatible con la Primera Enmienda.
Protestas a favor de Jimmy Kimmel
La presión regulatoria se ha extendido también a los grandes conglomerados audiovisuales, que dependen del visto bueno de la FCC para cerrar fusiones y operaciones multimillonarias. ABC y CBS han preferido ceder millonarias demandas por difamación antes que arriesgarse a perder el favor del regulador. Al mismo tiempo, la Casa Blanca ha alimentado la idea de revocar licencias a cadenas críticas, ha vetado a periodistas de medios extranjeros incómodos y ha alentado el estrangulamiento financiero de NPR, PBS y otras emisoras públicas.
La paradoja es evidente, pues mientras el movimiento MAGA ganó popularidad precisamente denunciando la censura que se realizaba desde las altas esferas del poder, ahora los críticos de Trump se quejan, precisamente, de eso. Las uvas de la ira del presidente.
