El presidente de Argentina, Javier Milei
El abogado de Cristina Fernández denuncia a Milei por «abuso de autoridad»
El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena a la expresidenta de Argentina de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales
El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) Gregorio Dalbón presentó este lunes una denuncia penal contra el actual presidente del país Javier Milei por «abuso de autoridad», después de que en la víspera declarara que fue él quien «tomó la decisión» de encarcelar a la líder peronista.
Así lo anunció el letrado en un comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, en el que ha recordado las palabras del mandatario cuando afirmó que el diputado de su partido La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert –que ha renunciado a liderar la candidatura por Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas por sus vínculos con un narcotraficante– estaba siendo víctima de una «venganza», agregando que «soy el primer presidente que tomó la decisión de que (Cristina Fernández de Kirchner) vaya presa».
«Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa (Cristina Fernández)», aseveró Milei durante una entrevista emitida el domingo en el canal La Nación +.
En la entrevista, tras ser advertido por el periodista de que se estaba inmiscuyendo en temas de justicia, Milei agregó: «Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia hubiera arreglado que no la metan presa».
Con esa declaración, el presidente intentó resolver su declaración inmediatamente anterior, que para el abogado de Fernández «presupone un acto de autoridad ilegal, en tanto la atribución de ordenar o disponer detenciones corresponde exclusivamente a los jueces».
Según la denuncia, la declaración de Milei «se inscribe en una violación del deber constitucional de abstenerse de intervenir en procesos judiciales, constituyendo el núcleo típico del abuso de autoridad» contemplado en el Código Penal argentino.
«La sola afirmación pública de haber tomado una ‘decisión’ de privar de libertad a una persona constituye un indicio de intromisión funcional y presión institucional sobre el Poder Judicial», añade el documento, que califica el episodio como «un acto de gravedad institucional».
El pasado mes de junio, la Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales. Desde entonces, Fernández cumple arresto domiciliario en Buenos Aires.