Una jueza federal bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago y frena la ofensiva migratoria de Trump

La tensión entre la Administración Trump y el estado de Illinois alcanzó este jueves un nuevo punto crítico, luego de que la jueza federal April M. Perry ordenara suspender temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en dicho territorio. La decisión impide la movilización de los 200 soldados provenientes de Texas enviados por el Gobierno federal para apoyar las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Chicago, dentro de la denominada operación Midway Blitz.

Durante una audiencia que se prolongó por más de seis horas, Perry concluyó que «no existen pruebas creíbles de una amenaza de rebelión», argumento esgrimido por el Departamento de Justicia (DOJ) para justificar la presencia militar en suelo estatal. En su resolución, la jueza alertó de que permitir la intervención armada solo incrementaría las tensiones sociales, especialmente en zonas sensibles como el centro de detención de Broadview, epicentro de las recientes protestas contra las políticas migratorias de Washington.

«Autorizar este despliegue únicamente echaría más leña al fuego»April M. PerryJueza federal

La iniciativa de bloquear la presencia militar fue impulsada por el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien denunció la maniobra de Trump como un acto de abuso de poder. «Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley», escribió el demócrata en la red X tras conocer el fallo. Pritzker, firme opositor de las políticas migratorias del expresidente, había calificado el envío de tropas como una «provocación innecesaria» que vulnera la soberanía estatal.

Desde el punto de vista legal, la jueza Perry —designada por el expresidente Joe Biden— subrayó que su fallo es una orden de restricción temporal, mientras analiza con mayor profundidad los argumentos de ambas partes. «El proceso llevará su tiempo», afirmó, reconociendo tener «varias páginas de preguntas pendientes» antes de emitir un dictamen definitivo.

Durante la audiencia, Christopher Wells, abogado del estado, acusó a la Administración Trump de exagerar la situación de seguridad en Illinois y de intentar usar a la Guardia Nacional como herramienta política. Argumentó que el despliegue podría causar «daños irreparables» en las comunidades locales, además de vulnerar derechos civiles. Por el contrario, el representante del DOJ, Eric Hamilton, defendió que «el riesgo potencial de una rebelión» era suficiente para activar la respuesta federal.

En las últimas horas, fuentes del Departamento de Justicia han insinuado que se presentará un recurso contra la decisión judicial, lo que prolongaría el pulso entre Washington y el gobierno estatal.

La polémica se agrava tras conocerse que un grupo de ex altos mandos militares —entre ellos antiguos almirantes y generales del Ejército y la Armada— remitió a la jueza un documento alertando de los «riesgos implícitos» de utilizar fuerzas armadas con fines políticos. El escrito pedía a la magistrada considerar el precedente que podría sentar el uso de tropas nacionales en operaciones civiles.

A este contexto se suma otro fallo emitido por un tribunal federal en Chicago, que limitó la autoridad del ICE para efectuar arrestos sin orden judicial, en respuesta a una demanda colectiva que denunciaba abusos y detenciones arbitrarias por parte de la Patrulla Fronteriza.

Mientras tanto, el gobernador Pritzker ha ordenado una investigación sobre una reciente redada de ICE en un complejo residencial de Chicago, donde —según reportes locales— fueron detenidos niños y ciudadanos estadounidenses.